Altos cargos se niegan a decir sus sueldos en la Junta

«Ya he facilitado ese dato a la Sindicatura». «He trasladado esa cifra a su grupo parlamentario en varias ocasiones». «Mi sueldo es equivalente al que percibe un director general de la administración». Recurriendo a estos argumentos, en sus distintas variantes, en torno a una decena de responsables de empresas, entes y sociedades públicas se negaron ayer a decir en público el importe de sus salarios, en el marco de la Comisión de Economía de la Junta General. Una de esas entidades es Sogepsa, cuyo gerente, José María Quirós, insistió en la existencia de una «duda razonable» en el ámbito legal que permite sostener que el organismo no es fiscalizable por la Sindicatura de Cuentas. En este confuso escenario, el PP intentó sacar tajada política y tachó de «falta de respeto y total chifladura» que se nieguen al Parlamento datos de carácter «completamente público».

La sesión de la Comisión de Economía tuvo un desarrollo curioso. El PP había citado a los responsables de 58 entidades públicas, organismos autónomos y fundaciones, con el argumento de interesarse por el informe de la Sindicatura de Cuentas sobre los contratos de alta dirección en el sector público autonómico. Esa era la excusa oficial, porque, a medida que avanzaban las comparecencias, que se prolongaron durante cinco horas, pareció quedar claro que la intención de los populares era forzar a los gerentes a decir sus sueldos en público. Y, a partir de ahí, cargar contra el excesivo gasto del Gobierno regional en lo que llama «sus chiringuitos».

Si esa era la intención real, su estrategia tuvo éxito. Sobre todo porque varios de los responsables de esas empresas se negaron, con distintos argumentos, a dejar constancia del importe exacto de sus salarios. Así sucedió, entre otros, con los gerentes de Sadei, la Junta de Saneamiento, Sogepsa, Sedes, la OSPA, 112 Asturias, Bomberos del Principado, el Sespa, el IDEPA, el Consorcio de Transportes o la ZALIA.

Hubo momentos en que se elevó el tono. Santiago Caicoya, gerente de Sedes, juzgó «suficiente» facilitar el dato a la Sindicatura de Cuentas, «y mi obligación no es ir más allá». El diputado popular José Agustín Cuervas-Mons, que llevó el peso de las preguntas junto a su compañero Ramón García Cañal, le replicó de inmediato: «Vamos, que no le da la gana de facilitar su sueldo al Parlamento; vaya falta de respeto».

También hubo jaleo cuando Sogepsa tomó protagonismo. Como al resto de gerentes, el PP pidió a la sociedad del suelo los datos sobre su plantilla, su presupuesto o volumen de negocio y el sueldo de su principal gestor. «La entidad tiene 45 trabajadores, pero no estoy autorizado a responder nada más por decisión de los órganos de administración», dijo Quirós.

Excepcionalidad

La espoleta estalló ahí. El PP vio una brecha y urgió a Quirós a aclarar quién la había ordenado no facilitar estos datos, y quién había tomado la decisión de que Sogepsa, en términos generales, no es una sociedad fiscalizable por la Sindicatura de Cuentas. «Ha sido el consejero de Infraestructuras, Francisco González Buendía», preguntó, malicioso, Cañal.

En ese punto, el debate volvió al punto de partida, hace semanas, antes de que Sogepsa abriese la puerta a que la Sindicatura, «de forma excepcional», supervise sus cuentas. Quirós señaló que el asunto es «complejo» y que hay argumentos jurídicos a favor y en contra de esa fiscalización, «pero no existe un pronunciamiento formal». Sí admitió que la suma de Principado y ayuntamientos suponen una mayoría pública en la sociedad, pero negó que eso equivalga a su dominio efectivo o a un control público del capital.

El PP no ve dudas por ningún lado. Que Sogepsa se niegue al control es «inaceptable, una chifladura», clamó Cuervas-Mons. Frente a estos argumentos, el PSOE, por boca de Álvaro Álvarez, tachó de «fraude en toda regla» y «estrategia de la confusión permanente» la actitud del PP de llamar a comparecer a gerentes de empresas públicas por los contratos de alta dirección para luego pregunta por sus sueldos. IU hizo esa misma crítica, aunque se mostró partidario de que esos salarios se hagan públicos sin trabas.