Semejanzas irreconciliables

La compañía gijonesa Champanera de Villaviciosa, S. A. trabaja ya en un cambio de la razón social que cuatro generaciones de propietarios habían mantenido inalterable durante sus 86 años de vida. El acuerdo se alcanzó el pasado 5 de noviembre entre sus representantes legales y los directivos del Comité Interprofesional del Vino de Champagne (CIVC), que durante casi tres semanas logró mantener bloqueadas 40.000 botellas de sidra de la firma asturiana en el puerto belga de Amberes.

Fueron los propios empleados de la aduana los que dieron la voz de alarma al entender que la razón social de 'Champanera de Villaviciosa', impreso en el exterior de las cajas, atentaba contra el reglamento 1383/2003, de 22 de julio, respecto a mercancías sospechosas de vulnerar los derechos de propiedad intelectual.

El comité creado para proteger estos caldos -CIVC- apenas tardó unas horas en reafirmar la sospecha de la brigada aduanera interponiendo un recurso para evitar que los dos contenedores de sidra abandonaran el puerto y prosiguieran su viaje hacia Miami. Fue el comienzo de una tensa negociación por los derechos de propiedad del nombre de Champanera de Villaviciosa, con el que la sociedad nació en 1921, que durante varios días ha tenido en vilo a los representantes de la denominación de origen del Vino Champagne, la más antigua y poderosa del mundo.

Los champaneros franceses mantuvieron retenidos los dos contenedores de sidra como medida de presión. Pero lo que en verdad buscaban era un compromiso formal con los asturianos para que éstos accedieran a eliminar el término 'Champanera' de su denominación social que, a su juicio, se beneficia de la Denominación de Origen y atenta contra los intereses económicos del Vino Champagne.

Sin embargo, muchos de los consumidores de sus productos ni siquiera podrían identificar el nombre de Champanera con el de sidra asturiana. «Hay quien ha llegado incluso a identificar nuestra razón social con el de sidra El Gaitero», atestigua Jorge Fuentes, responsable económico y financiero de la sociedad gijonesa. Para colmo, el nombre de la compañía ni siquiera aparecía en el exterior de las botellas retenidas hasta el pasado miércoles en el puerto de Amberes.

Cada empresa defendió su posición pero pese a que la asturiana contaba con la fecha de constitución de la sociedad como principal baza legal -la sociedad gijonesa es 19 años más antigua que el Comité Interprofesional del Vino Champagne, creado en 1940 para proteger esos caldos- el peso social y económico de los 'champagneros' terminó inclinando la balanza.

Protección de lujo

En la zona de Champagne existen cerca de 300 municipios clasificados. Fue la ley de 1927 la que delimitó el viñedo en función de la historia vitívinicola de cada pueblo, de cada aldea y de cada parcela de viñedo. Así, para proteger a todos los sectores se creó el CIVC.

Desde entonces, la práctica totalidad de las bodegas tiene necesidad de comprar la mayor parte de la uva que necesita. Suele tener acuerdos firmados con los propietarios de las viñas para adquirir esa uva durante años. Por ese motivo era necesaria una regulación que pudiera proteger a todas las partes. Como protección de todos los estratos, el CIVC fija un precio para cada variedad de uva.

Champanera de Villaviciosa, S. A., actualmente propiedad de la familia Angones, se constituyó el 8 de abril de 1921 como Sociedad Anónima con un capital social que en la actualidad asciende a 247.575,51 euros. En 2006, las ventas alcanzaron los 4.134.230,08 euros, casi un millón de euros más que en 2004. Pese a su nombre social, la firma comercializa sus productos baja marcas como 'La Asturiana', 'Cima', 'Cruz de la Victoria', 'Reina Victoria', 'Sidra Real' y 'Mon Basart'. En el registro de denominaciones comerciales de la sociedad no figura la denominación de Champanera de Villaviciosa como marca denominativa.

La compañía produce 14 millones de botellas al año y exporta el 30% de su producto, alcanzando una facturación cercana a los 6 millones de euros. El 75% del volumen anual que produce la sociedad gijonesa se exporta en el último trimestre del año. El mercado americano se lleva más del 80% de la producción que la sociedad destina al mercado exterior. Paradójicamente, Francia no es ni siquiera destino de la sidra asturiana. La compañía, en pleno proceso de expansión, tiene en la llegada al mercado europeo uno de sus principales retos de futuro. Mientras, recoge con optimismo los frutos comerciales del aumento de la inmigración en España, que le ha permitido incrementar notablemente las ventas. «Nuestras ventas en el extranjero se mantienen, pero en España han aumentado notablemente en los últimos dos años gracias a la inmigración. La sidra es un producto que les resulta familiar porque ya la consumían en sus países de origen», señala Fuentes.

En plena campaña de ventas, el responsable económico y financiero de la sociedad recuerda con impotencia cómo su compañía se vio involucrada en una guerra que «no nos daba dinero y que ni siquiera iba con la empresa». «Hace diez días nos preocupaban cosas de la vida diaria y gestionábamos problemas que para nosotros eran insalvables, tratando de recoger los frutos del trabajo de todo un año», dice.

Prefiere no pensar si podrían haber presionado más a los franceses para defender su razón social y reconoce que «optamos por la salida más cómoda». «En el caso de habernos metido en un pleito judicial con la denominación del champán nuestra única ganancia habría sido mantener la denominación 'Champanera' lo cual, en estas circunstancias, resultaría irrelevante», razona. Asegura que no será difícil asumir una nueva razón social, algo que, según explica, se hará de manera progresiva, en tres fases, y no traumática. Los franceses les acusaban de una usurpación de marca. En la medida en que la globalización se concreta en términos prácticos, con la incursión de las transnacionales en los mercados locales, se hace imprescindible una mayor protección de las denominadas «marcas notoriamente conocidas». Pero lo cierto es que para las sociedades más pequeñas, como Champanera, resulta cada vez más difícil, en términos económicos, mantener sus marcas dentro del mundo. Desde el punto de vista legal no sólo se trata de la defensa del consumidor, sino de la necesidad de preservar activos intangibles. «Para que una marca se posicione en un mercado se invierten grandes recursos en promoción y publicidad», razona Fuentes.