Duro tiene 48 horas para decidir entre el plan de la banca o el preconcurso de acreedores

Duro Felguera tiene un plazo de 48 horas para decidir si acepta el plan propuesto por la banca -que incluye ampliar hasta el 31 de enero el periodo el acuerdo de suspensión del cobro de los débitos y sus intereses, vigente desde el 4 de julio y que vence este mismo sábado; dar nuevos avales para facilitar nuevos contratos y una solución final para la firma-, o si aboca al grupo industrial a un procedimiento concursal. En el Consejo de Administración de la compañía se debían dirimir ayer las alternativas de futuro, pero al cierre de esta edición se mantenían reunidos.

La cita de la reunión era a las once y media de la mañana, pero a Miguel Zorita, asesor del máximo órgano ejecutivo de la empresa desde el mes de mayo, no se le dio entrada hasta las dos de la tarde. Una muestra más del fuerte pulso que mantiene el presidente de Duro Felguera con el ejecutivo que representa a las entidades financieras en el proceso de reestructuración.

La propuesta de Banco Santander y su filial de leasing, CaixaBank, Banco Sabadell, Banco Popular, Bankia y BBVA es la de conceder un nuevo periodo de moratoria mientras se diseña la solución definitiva, que pasa por una ampliación de capital, capitalización de la deuda y entrada de nuevos inversores. Y otra condición más que choca de lleno con los intereses personales de Del Valle. Los bancos insisten en que la nueva 'tregua' bancaria pasa también por la salida del presidente del Consejo de Administración, contra quien ahora pesa una querella de la Fiscalía Anticorrupción acusándole de abonar mordidas en Venezuela para adjudicarse contratos.

La banca acreedora le responsabiliza de una «mala gestión» que ha llevado a Duro a la dramática situación financiera en que se encuentra actualmente. El grupo industrial tiene hoy 350 millones de euros de deuda financiera bruta y 110 millones en caja, con lo que la deuda neta se sitúa en los 240 millones. Pero a esa cuantía se suman otros 500 millones procedentes de pagos de dividendos y recompra de acciones, entre otras operaciones, así como la compra del edificio de Madrid que costó 35 millones y la división de Núcleo por la que la empresa pagó 70 millones. Si no se hubieran producido esos gastos, ordenados por Del Valle, Duro hoy tendría 250 millones en caja y cero de deuda financiera.

A ello se suman los impagos procedentes de proyectos en Argentina, Australia, India y Venezuela, donde hay litigios y arbitrajes pendientes de solución y que suman 492 millones de euros. Pero no son los principales causantes del 'agujero' de Duro. Como otras grandes empresas 'epecistas' internacionales, el grupo asturiano se ha encontrado con estos impagos pero confía -como así lo transmitió Del Valle en la última junta de accionistas- en poder cobrar todo o parte de esos 492 millones de euros en 2018, lo que supondría un importante refuerzo ya no solo de liquidez, sino también un refuerzo de la confianza en la solvencia financiera de Duro por parte de los potenciales clientes.

Dentro del plan de los bancos se incluye la entrada de socios inversores en Duro. Tras la retirada de Acciona del proceso de negociación, en la actualidad se han firmado acuerdos de confidencialidad con al menos cinco firmas interesadas y dos grandes patrimonios, más conocidos como 'family offices'. Entre las firmas, se mantiene el fondo británico Bybrook y Elecnor, y entre los segundos suenan diversos nombres, como los Roig -el dueño de Mercadona y sus hermanos- y la familia Riberas, propietaria del grupo Gestamp, uno de los líderes mundiales en la fabricación y comercialización de componentes del automóvil. Ayer 'Expansión' informaba de que Duro mantiene conversaciones con representantes de la corporación China State Construction Engineering (CSCE), pero fuentes cercanas a la negociación con los futuros inversores ven lejana esta opción.

La alternativa que tiene el Consejo de Administración de Duro al plan de Miguel Zorita y los bancos es abocar el grupo a un proceso concursal. El preconcurso de acreedores es el primer paso a dar y consiste en comunicar al juzgado de lo mercantil la declaración de concurso de la empresa. En esta declaración se manifiesta la existencia de negociaciones con los acreedores en las que se busca un acuerdo de refinanciación para la deuda de la compañía.

Lógicamente, el paso previo a solicitar el concurso de acreedores o poner en marcha ese pre concurso de acreedores es reconocer y estar en disposición de demostrar que la empresa se encuentra en estado de insolvencia; o lo que es lo mismo, que la entidad demuestre que ya no está en disposición de hacer frente a sus obligaciones exigibles de manera regular. La negociación con los acreedores en el preconcurso tiene un plazo: el deudor tendrá tres meses para lograr el acuerdo. Una vez finalizado ese periodo y si no se logra el convenio, la empresa tiene otro mes para presentar al juzgado la solicitud de declaración de concurso.

La Bolsa volvió a penalizar ayer a Duro por segundo día consecutivo. Si tras conocerse la querella de la Fiscalía Anticorrupción, la cotización de Duro se hundió un 11,48%, hasta los 0,54 euros, ayer llegaba a caídas del 7,4%, hasta los 0,50 euros, aunque finalmente cerró a 0,52. Duro ha reducido su valor de mercado a 74,88 millones de euros.