El sindicato insiste en que «ya hemos acreditado la legalidad de todos los gastos»

El sindicato UGT insiste en que «ya hemos acreditado ante todas las instancias -judicial, policial y administrativa- la legalidad todos los gastos» del sindicato y sus empresas que fueron investigados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para determinar el destino de las ayudas públicas que percibió la central sindical. Como publicó el sábado EL COMERCIO, en uno de sus informes, la UCO sostiene que la UGT utilizó Infastur para «financiarse de modo ilícito».

El abogado del sindicato, Francisco Alonso, afirmó ayer a este periódico que «que nosotros ya hemos acreditado y justificado el destino de las subvenciones y el pago de los alquileres de las salas». Es la misma versión que han mantenido desde el sindicato desde que arrancó la investigación de la UCO y que desembocó, el 17 enero, en el registro de la sede de UGT y la detención del exsecretario general, Justo Rodríguez Braga, otros tres exdirigentes de este sindicato y dos trabajadores. La jueza les dejó en libertad un día después, pero con la condición de investigados por fraude.

El responsable de la defensa de UGT en esta investigación insistió en que «el sindicato gastó lo que dijo que se gastó. Hemos probado que todos los pagos se hicieron de forma correcta, que el Principado inspeccionó estos pagos y los dio por válidos y que nadie ha podido demostrar que nadie del sindicato se ha quedado con ningún euro».

Francisco Alonso también afirmó que «esta vía está cerrada», en alusión a la investigación sobre las presuntas irregularidades en los alquileres de las salas de los cursos de formación que ofrecía el sindicato. «Como no pudieron encontrar nada raro, la investigación está ahora en otro punto», añade el abogado, en referencia al presunto desvío de fondos públicos para el pago de nóminas de los trabajadores de UGT. «Pero esa vía está llamada al fracaso, como la de los alquileres», añadió el abogado del sindicato.