La Fiscalía de Asturias denuncia a UGT por fraude en los cursos de formación

La Fiscalía del Principado de Asturias presentó ayer ante el juzgado de guardia de Oviedo una denuncia contra UGT, por la presunta actuación fraudulenta en materia de subvenciones públicas que el sindicato habría realizado a través de una de sus fundaciones, el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES). Tal y como informó en exclusiva EL COMERCIO, Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil comenzaron a recabar información sobre las ayudas percibidas por la organización en noviembre de 2014. Poco después, antes de finalizar el año, el Ministerio Fiscal ya había comenzado a investigar. Pero no fue hasta ayer que solicitó al juzgado la incoación de las correspondientes diligencias previas, para esclarecer y comprobar lo ocurrido. Sin embargo, «a la vista de la pluralidad de los hechos objeto de la denuncia, de la abundante documentación que incluye y, por consiguiente, la propia dificultad de la investigación», la Fiscalía pidió también al juzgado que declare la complejidad de la causa, con el objetivo de que el plazo para su instrucción se prolongue durante 18 meses, con posibilidad de prórroga.

La acusación pública aclaró ayer en una nota de prensa que actuó a raíz del informe de la UCO, que apuntaba a la posible comisión de un delito contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental. Los hechos, según explicaron, se referían en esencia a una supuesta actuación fraudulenta en materia de subvenciones públicas, llevada a cabo desde un tiempo no precisado pero que se remontaría a varios años atrás por el sindicato UGT, a través de su fundación IFES, con sede en Madrid y diversas delegaciones territoriales -también en Asturias-, para la realización de actividades formativas y de estudios sociales.

Dichas acusaciones guardan semejanza con las que se estaban investigando en otro procedimiento penal abierto en el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla. «Precisamente, a raíz de la amplia difusión pública de esa información, la unidad policial habría recibido información por parte de una persona sobre la existencia de hechos similares relacionados territorialmente con Asturias», reconoció la Fiscalía.

A día de hoy, completó, las diligencias practicadas hasta el momento «han permitido aflorar a nivel indiciario diversas conductas de apariencia delictiva», que justificarían la formulación de la correspondiente denuncia. En el escrito remitido a los medios, el Ministerio Público añade que estos hechos se concretan en los aparentes sobrecostes en la justificación de actividades formativas llevadas a cabo por IFES, en relación con las subvenciones públicas percibidas desde 2010 hasta 2013, «enmascarados en algunas ocasiones con facturación presuntamente falsa».

En una primera calificación penal, esto podría ser constitutivo de un delito de fraude de subvenciones de acuerdo al artículo 308 y de otro de falsedad documental en relación a los artículos del 392, 390 y 74 del Código Penal. Pero la dificultad de la investigación, reconoció la acusación, «no ha permitido practicar la totalidad de la prueba que se entendía necesaria para el completo esclarecimiento de los hechos». Aún así, la conclusión del plazo previsto por la ley para el desarrollo de las diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía obliga al cierre de las mismas, aunque ésta considere que la investigación debería prolongarse. Por eso, el criterio del fiscal Gabriel Bernal ha sido «judicializar la investigación y que la misma continúe en sede judicial para aquellos hechos que no han podido completarse». Respecto a los posibles responsables, dice, «no ha sido posible su plena individualización, que deberá concretarse a lo largo de la investigación judicial».

«Con gran profesionalidad»

UGT, por su parte, se mostró firme a la hora de defender la «absoluta legalidad» de sus actuaciones en lo que a formación se refiere. De este modo, insistieron en que las programaciones realizadas por IFES en Asturias siempre se desarrollaron conforme a los requisitos establecidos, «con gran profesionalidad, compromiso con el empleo y un nivel de calidad muy elevado, como así pueden atestiguar los miles de alumnos que han pasado por sus cursos en los últimos años». También en la parte administrativa, ahondaron, «se han gestionado con diligencia y rigor», por lo que tachan de «inconcebible» que puedan existir facturaciones falsas.

En este sentido, el sindicato considera «sorprendente» que la Fiscalía formule una denuncia «cuando reconoce que tras un año de investigación no ha encontrado pruebas que sustenten una acusación». Se refieren a los oficios pendientes de conclusión a los que hace referencia el fiscal: «Después de un año, tiempo al que hay que añadir las pesquisas de la UCO, sigue sin haber evidencia de unas acusaciones que fueron formuladas sin base real y malintencionadamente por extrabajadores del sindicato».

UGT confía en que esta nueva fase, ya en el juzgado de instrucción, sirva para esclarecer «por fin y de forma definitiva este asunto, que tanto se está alargando y que tanto daño está haciendo al prestigio de nuestro sindicato». En el comunicado hecho público ayer, el sindicato se reivindica como una organización «honesta, decente e íntegra» y muestra su confianza en que «así quedará demostrado». Y, llegado ese momento, advierten, UGT exigirá «lógico resarcimiento» por el sufrimiento causado.