El retraso de las baterías de Gijón es un «riesgo innecesario», según los sindicatos

Con mucha «preocupación». Así están viviendo los sindicatos los retrasos administrativos en la concesión de los permisos necesarios a ArcelorMittal para la construcción de las baterías de cok de Gijón, que según los planes originales de la multinacional deberían ponerse en funcionamiento dentro de poco más de un año para, así, poder jubilar las baterías de Avilés, con sesenta años de antigüedad. La multinacional ya ha agotado todos los plazos que contemplaban una posible dilatación del proceso burocrático y ahora, sin ningún margen y ante la probabilidad cada vez mayor de que las obras de Gijón no se finalicen a tiempo, se plantea alargar el uso de la instalación avilesina hasta 2020. Esto no ha gustado ni un pelo a los representantes de los trabajadores. Lo consideran «un riesgo innecesario» por muchas razones, económicas y ambientales.

Por una parte, los sindicatos temen que la mutinacional acabe echándose atrás en la ejecución del proyecto, ante las trabas administrativas. No sería la primera vez que lo hace. De hecho, la construcción de las baterías de cok de Gijón, cuya obra asciende a unos 150 millones de euros, ya fue paralizada a mediados de 2012, tras haber sido aprobada el año anterior, debido al complicado panorama del sector europeo. Hoy en día, el mercado continúa siendo igual de volátil. Los resultados del gigante del acero el último trimestre resultaron favorables a las plantas asturianas, pero esto podría cambiar en cualquier momento. «Ya bastante difícil es atraer una inversión de esa cuantía como para, una vez aprobada, ponerla en riesgo», lamentan los representantes de la plantilla. Saben que a ante cualquier contingencia a la dirección no le duelen prendas en desviar la inversión a otras plantas de la compañía «y en este negocio los vientos cambian muy rápido». En otras palabras: no es necesario sumar más incertidumbres a un mercado que ya sufre, por ejemplo, las medidas antidumping para el alambrón puestas en marcha por la administración de Donald Trump en EE UU o la oscilación de precios consecuencia del peso en el sector de la todopoderosa China.

Por otra parte, tampoco ven ningún beneficio en alargar la vida de las baterías de Avilés. Tienen miedo a que las ancianas instalaciones «no aguanten» el ritmo de producción de cok necesario para abastecer a las factorías asturianas. Arcelor ya ha dicho que no se plantea la importación de este material, así que su producción en Gijón o Avilés es imprescindible para el mantenimiento de las dos plantas de la compañía. Sin cok, se acabó. Por otra parte, reconocen, el uso de unas instalaciones de sesenta años «podría dar problemas medioambientales, porque por muchas inversiones que se realicen en ellas no pueden estar al nivel de las nuevas construcciones».

Los plazos no pueden estar más ajustados y los sindicatos ya dudan de que pueda cumplirse el calendario inicialmente contemplado. El deshornado de los primeros 45 hornos de Gijón estaba previsto para el primer semestre de 2019. De este modo, se podría ir abordando el cese de la actividad en los de Avilés. Sin embargo, de no conseguir culminar la obra para entonces, Arcelor cuenta con que el arrendamiento del terreno en el que se ubican las baterías avilesinas no concluye hasta el 31 de diciembre de 2020. Entonces deberían pararse sí o sí, debido también a la entrada en vigor de una normativa medioambiental más restrictiva.

La plantilla no entiende «a qué viene tanto impedimento a la hora de conceder un permiso de obra». La instalación del refractario no debería dar lugar a tantos retrasos, «porque no estamos hablando de los permisos de puesta en funcionamiento, que entendemos que deberán ser todo lo rigurosos que marque la ley una vez que la instalación pase todas las pruebas pertinentes. Estamos hablando de unos permisos de obra», apuntan.

En la actualidad, Arcelor trata de aprovechar el tiempo construyendo una cubierta temporal para facilitar la instalación del refractario y que no se moje. Pero para el siguiente paso aún carece de los permisos. «Así que la programación sobre el traslado de competencias y trabajadores de una planta a otra puede irse al garete», lamentan los sindicatos.