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Línea de envasado de CAPSA en las instalaciones de Granda. :: pablo Nosti
Las confidencias del 'G-4'

Las confidencias del 'G-4'

Competencia analizó los correos que se cruzaron desde el año 2000 CAPSA, Lactalis, Danone y Pascual, que se autodenominaban el grupo del 'G-4'

D. DE MIGUEL/ E. ARENAS

Jueves, 5 de marzo 2015, 00:14

La resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) describe a lo largo de 125 páginas cómo durante los últimos 14 años la práctica totalidad de la industria láctea nacional manipuló el sector a su antojo, pactando precios y repartiéndose a los ganaderos. Para demostrarlo, el organismo que preside José María Marín Quemada enumera una serie de «evidencias» fruto de las reuniones que mantenían de forma periódica, tanto bilaterales como multilaterales. Revela la existen del grupo del G-4/G-5, de acuerdo con la denominación que utilizaban las propias empresas, donde participaban precisamente las compañías con más peso: Lactalis, Puleva, Danone, Pascual y CAPSA. Según Competencia, el hecho de que Lactalis absorbiera a Puleva explicaría que se produjera la alusión a G-4/G-5. En las misivas, las alusiones a CAPSA son reiteradas. Destaca un correo interno que se remitió a los trabajadores de Nestlé el 16 de diciembre de 2004 titulado 'Navidades de Clas'. En él, según Competencia, se vuelve a poner de manifiesto la propuesta de llevar a cabo una bajada de precios coordinada al indicar que «dentro del espíritu de colaboración que los distingue hay que bajar el precio de la leche. Nosotros -Clas- la bajaremos si lo hacéis los demás». También figuran alusiones a los supuestos repartos sobre la recogida de la leche. Así, en un correo de marzo de 2012, un responsable de Lactalis asegura que «me acaba de llamar M. Admella, de CAPSA, que de momento hasta que no encuentren comprador les van a continuar recogiendo la leche. Me parece correcto no contestar a su correo y si te parece voy a llamarle hasta que no se aclare todo el embrollo».

Los correos fueron intervenidos en varias inspecciones del regulador único en el verano de 2012, en las sedes de las empresas investigadas. Nestlé, en un correo interno titulado 'Situación del mercado febrero 09', planteaba que «sugiero que mantengamos el precio en febrero y bajemos en marzo y abril, con la contundencia que sea necesaria, pero acompañados por la mayoría de la competencia, para no ser señalados por los ganaderos y los medios». Lactalis, en un informe de 2006, afirmaba que «como de costumbre, las tres empresas en anunciar la bajada de precios hemos sido CAPSA, Lactalis y Puleva. Danone y Leche Pascual se apuntaron al carro en febrero».

Según Competencia, «el propio intercambio de información sobre la identidad y volúmenes de compra» a los dueños de las vacas, además de ofrecer datos «estratégicos» de las empresas a sus teóricos rivales, «ya serían 'per se'» contrarios a las normas de libre mercado. Pero los implicados fueron aún más lejos al convertir en «una práctica habitual y complementaria» la 'cesión' de ganaderos entre empresas, pese a la oposición de éstos.

«Para evitar las batallas entre industrias», señala la CNMC, se estableció en algunos casos «un sistema por el cual se respeta el territorio y el proveedor del comprador». Así, «en la práctica no lo cambian (las empresas) hasta que haya quedado libre su comprador anterior y éste último autorice expresa o tácitamente las entregas al nuevo».

El pasado 15 de enero, el organismo que dirige José María Marín Quemada se dirigió a las empresas implicadas para solicitar los datos de ventas. Con ellos se calcularon los importes de las multas, cuyo máximo legal se sitúa para las empresas en el 10% de la facturación total del ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la multa, el de 2014 en este caso. En el caso de las asociaciones sectoriales, el tope que contempla la ley también va referenciado al 10% del volumen de negocio, hasta un máximo de 901.518,16 euros.

Desde Competencia, justifican los 88,2 millones de euros de multa -la cuarta más alta de su historia- en que los «beneficios ilícitos» estimados para aquellas entre 2000 y 2013 han superado con creces el 10% del valor del mercado afectado por cada una (815 millones en conjunto)».

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