Competencia multa con 88,2 millones a CAPSA y otras ocho lácteas por pactar precios

Tras dos años de pesquisas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera probado que casi la práctica totalidad de la industria láctea nacional -todas las empresas salvo algún pequeño actor- manipuló durante al menos 14 años este sector con el objetivo último de controlar el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca.

Un fraude en el que están implicadas un total de 14 empresas, entre ellas las asturianas Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA) y Central Lechera Asturiana (Clas) y dos asociaciones sectoriales, el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (GIL) y la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (AELGA). El regulador considera que todas ellas tuvieron, como «coautoras» de la infracción, un «papel relevante» en esas conductas, «colusorias con el libre mercado» e imputa a nueve de las empresas y a las dos asociaciones una infracción considerada muy grave, que ha sido sancionada con multas que suman un total de 88,2 millones de euros. Entre las más perjudicadas se encuentra CAPSA, fabricante de los productos Clas, Ato y Larsa, que ha sido sancionada con 21,8 millones que se suman a los 698.477 euros de multa impuestos a Central Lechera. Sus responsables manifestaron ayer su «profundo desacuerdo» con la decisión de la CNMC y anunciaron que interpondrán un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, para lo que tiene de plazo dos meses.

El regulador excluye de la sanción a cinco las empresas que también habrían violentado la legislación de competencia, entre ellas la también asturiana Industrias Lácteas Asturianas (ILAS), al considerar que su infracción habría prescrito.

El relato de la CNMC pone de relieve una manipulación del sector lácteo tanto regional como nacional, que saltó a la luz en julio de 2012 a raíz de una denuncia formulada ante los servicios de Competencia de Castilla y León por la Unión de Pequeños Agricultores (UPA). Al tirar del hilo, los investigadores del organismo se toparon con una trama no solo compleja, sino duradera: al menos, desde 2000 a 2013. Durante todo ese tiempo, de acuerdo con el relato del regulador, las industrias se intercambiaron información «estratégica» en distintos foros y sobre distintas materias, en especial, de precios de compra de leche cruda de vaca, volúmenes adquiridos a los ganaderos y excedentes de materia prima. Su «objetivo común», apuntan desde el organismo que dirige José María Marín Quemada, era «consensuar y adoptar una estrategia conjunta para controlar el mercado de aprovisionamiento» de leche. Su dominio llegaba hasta tal punto que, además de establecer «acuerdos concretos para coordinar los precios de compra», también supervisaban la cesión de ganaderos entre compañías.

Los ganaderos, «sin libertad»

Así, por ejemplo, las empresas transformadoras se intercambiaban datos incluso sobre los precios que iban a ofrecer «en un futuro», la identidad de los ganaderos y lo que iban a pactar con cada uno. Las empresas llegaban a prevenirse entre sí cuando alguno de estos tenía intención de cambiar de compañía, a fin de adoptar «medidas para evitarlo».

Los ganaderos, por tanto, concluye el regulador, «carecían de libertad», tanto para fijar el precio de la leche como para elegir a quién la vendían -las empresas evitaban con su pacto ofrecer tarifas más altas y mejorar las condiciones comerciales-, lo que «distorsionaba el funcionamiento normal del mercado en beneficio de los transformadores», lo que agravaba aún más la situación de un sector «ya de por sí concentrado desde la perspectiva de la demanda y con un elevador poder negociador de la industria».

Entre las nueve empresas sancionadas figuran, de hecho, las grandes transformadoras del país: Pascual, Central Lechera, Puleva, Lactalis, Nestle y Danone sobre la que ha recaído la sanción más elevada.

El regulador asegura que cualquier persona o empresa que se considere afectada por las prácticas anticompetitivas descritas en su resolución puede presentar una demanda de daños y perjuicios ante los tribunales civiles, «por infracción de la normativa de defensa de la competencia».