Energía endurece los requisitos para limitar el cierre de centrales anunciado por Iberdrola

En la guerra entre el departamento dirigido por Álvaro Nadal y la compañía presidida por Ignacio Galán se abre una nueva batalla, después de la planteada hasta el verano por Iberdrola, con su intención de clausurar la central nuclear de Garoña (Burgos) por su inviabilidad económica. El Gobierno lo autorizó, pero a la vez abrió el melón de posibles nuevos anuncios de clausuras, como ha ocurrido con el carbón. Ignacio Sánchez Galán dijo ayer que el hipotético cierre de Lada y Velilla se enmarca en una estrategia en la que «la solución pasa por apostar por más energías limpias, mayor capacidad de almacenamiento por bombeo y más redes inteligentes», conceptos en los que Iberdrola está realizando unas inversiones de unos 6.000 millones de euros al año.

Energía tendrá en cuenta varias condiciones a la hora de autorizar un cierre, más allá de la que hasta ahora se encontraba establecida en la normativa: la seguridad del suministro. Con el nuevo decreto en vigor, el ministerio también valorará si la clausura puede afectar de forma determinante a la evolución de los precios de la luz; si puede influir en el cumplimiento de los objetivos medioambientales y del clima; y si es coherente con la competencia en el mercado eléctrico. Si no se cumple con esos objetivos, «se denegará el cierre», según apunta el ministerio.

La norma se tramita después de que el texto haya estado en consulta pública en verano y sobre el que sector pudo realizar alegaciones. De hecho, Iberdrola señaló que impedir el cierre de centrales iba contra la normativa europea en la que se insta a garantizar que «no existan barreras injustificadas para la entrada y salida del mercado de las empresas de generación», así como contra el artículo 38 de la Constitución, el de la libertad de empresa.

En el caso de las instalaciones térmicas de Lada y Velilla representan una potencia conjunta de 874 megavatios (Mw) frente a los casi 5.700 Mw de respaldo en ciclos combinados con los que cuenta la compañía en España.

El decreto advierte de que si Energía no autoriza un cierre la compañía debe continuar con la actividad o transmitirla a un tercero. Si esto último ocurre, se hará mediante una subasta. Ysi aún así no se logra adjudicar a ninguna empresa, se podría aprobar una compensación para que continúe con la planta abierta.

El Gobierno, última palabra

El anuncio del decreto llegó apenas unas horas después de que Álvaro Nadal respondiera al órdago de Iberdrola con un mensaje en el que recordaba que es el Gobierno el que tiene la última palabra en esta decisión y que no se puede prescindir de una fuente energética de forma tan repentina. Nadal indicó que el sistema necesita mantener las centrales de carbón en el ‘mix’ –la composición de las fuentes eléctricas– y que la decisión de la firma presidida por Galán tiene que ser «compatible» con la política energética. Nadal defendió el actual sistema porque «el Gobierno sabe y cree que necesitamos el carbón dentro del ‘mix’». Además, puntualizó que el anuncio de Iberdrola es «una decisión empresarial», insistiendo en que ante este tipo de anuncios es «siempre» la política la que define la composición de energías que participan en la producción del país. La resolución final tardará en llegar porque el Ejecutivo estudiará «con tranquilidad» esta petición.

Energía negocia con los grupos políticos la Ley de Transición Energética. Y aunque en el caso del decreto que regula el cierre no se ha llegado a ningún acuerdo con PSOEni Ciudadanos, ambos estaban informados sobre su contenido.