La querella por corrupción dificulta los contratos de Duro en EEUU y América Latina

El Departamento de Justicia y la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos recaudó más de 5.000 millones de dólares por concepto de multas a empresas que violaron la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, o 'FCPA', por sus siglas en inglés) desde 2008.

El objetivo de la FCPA es hacer que sea ilegal para las empresas y sus supervisores el influir en funcionarios extranjeros con cualquier pago personal o recompensa. Esta ley se aplica a cualquier persona que tenga un cierto grado de conexión con Estados Unidos y se involucre en prácticas corruptas extranjeras. La ley también se aplica a cualquier acto realizado por empresas estadounidenses, corporaciones extranjeras que negocian valores en EE UU, ciudadanos estadounidenses, ciudadanos y residentes que actúan en apoyo de una práctica corrupta en el extranjero, estén o no físicamente presentes en los Estados Unidos. La normativa también prohíbe acuerdos en su entorno con empresas y personas jurídicas que estén siendo investigados por casos de corrupción, como es el caso de Duro Felguera. Así pues, la ley norteamericana imposibilitaría a clientes y proveedores cualquier acuerdo con el grupo asturiano, investigado por el juez de la Audiencia Nacional tras la querella de la Fiscalía Anticorrupción por el presunto pago de 'mordidas' en Venezuela a cambio de contratos. Además de la propia compañía, está imputado su presidente, Ángel Antonio del Valle, y su antecesor, Juan Carlos Torres Inclán, así como otras sociedades y ex altos cargos venezolanos.

Fue, precisamente el Gobierno de EE UU el que puso sobre aviso a la Fiscalía Anticorrupción de los presuntos delitos cometidos por Duro Felguera en Venezuela. Concretamente, la Embajada estadounidense en Venezuela transmitió a Anticorrupción toda la información que obraba en su poder, incluyendo los indicios y pruebas de que disponía, sobre las supuestas actividades ilícitas cometidas por los directivos de Duro Felguera, como sobornos a políticos venezolanos, como medio para conseguir contratos.

Tampoco en países de América Latina, como Perú, Uruguay, Chile, República Dominicana, Panamá, Ecuador o Colombia, Duro no lo tendría fácil para lograr nuevos contratos. A raíz del 'caso Odebrecht' se han endurecido los requisitos que se solicitan en esos países a la hora de optar a nuevos contratos.

Como se sabe, Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción protagonizó el mayor escándalo de sobornos de América, pagando a funcionarios públicos del gobierno de 12 países durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas.

Según fuentes jurídicas consultadas, Duro Felguera, como sociedad querellada, tendría fácil defensa puesto que cuando ocurrieron los hechos que se relatan en la denuncia de la Fiscalía (2008-2011), no había entrado en vigor la reforma del Código Penal, que lo hizo el 1 de julio de 2015, y que recoge que las empresas serán «penalmente responsables» en el caso de que se hayan cometido delitos «en su nombre o por cuenta de éstas». Más complicada será, según las mismas fuentes, la defensa del presidente de Duro, que es quien autorizaba las decisiones.

Por otra parte, el grupo asturiano comunicó ayer a la CNMV, la salida de Ricardo Córdoba del Consejo de Administración. Su dimisión, de cuyos motivos Duro informará en su informe anual de gobierno corporativo, se produce seis meses después de su nombramiento y en un momento muy complicado para la compañía. Del Valle, que ayer aseguraba que aún no ha recibido la querella de la Fiscalía ni el auto de admisión a trámite por parte de la Audiencia Nacional, debería poner su cargo a disposición del Consejo a tenor de los estatutos.