La Policía Judicial requiere documentación en la sede de Duro Felguera en Gijón por el caso de Venezuela

Miembros de la Policía Judicial se encuentran en la sede de Duro Felguera revisando documentación relacionada con el supuesto de caso de corrupción de Venezuela. Al menos cuatro efectivos policiales se personaron a las diez de esta mañana en las oficinas del grupo asturiano, ubicado en el Parque Científico y Tecnológico, y comenzaron a recabar información de los distintos departamentos de la compañía, con la lógica «sorpresa» por parte de la plantilla. Al parecer, según algunos testimonios, los agentes han solicitado diversa documentación, desde correos electrónicos hasta contratos firmados por la ingeniería, y requisaron alguno de los ordenadores de Administración. Posteriormente, se reunieron en una de las salas del edificio con personal de las áreas de Jurídico, Informática y Recursos Humanos.

Como se conoce, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno instruye el caso abierto a partir de la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra una decena de personas físicas y jurídicas por supuestos sobornos y blanqueo de capitales, entre ellos la propia sociedad de Duro Felguera; su entonces presidente, Juan Carlos Torres Inclán, y su consejero delegado, Ángel Antonio Del Valle, así como el que fuera vicepresidente de Energía venezolano hasta 2006, Nervis Villalobos. En concreto, el juez sospecha que el grupo asturiano pudo haber pagado cerca de 90 millones de euros en comisiones ilegales a ex políticos y funcionarios venezolanos a cambio de la construcción de la central de ciclo combinado de Termocentro en 2009.

Durante sus comparecencias en la Audiencia, los ex dirigentes de Duro Felguera defendiero la legalidad de los acuerdos suscritos en Venezuela y negaron esos supuestos sobornos. Dichos acuerdos fueron: un primero, de 25 millones de dólares (21 millones de euros) firmado en 2008 con Técnicas Reunidas (Terca); un segundo contrato por 53,9 millones de dólares (45,5 millones de euros) en concepto de asesoramiento prestado por Terca; y la posterior cesión de estos servicios a Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía, propiedad de Villalobos y su mujer, también querellados.

Por su parte, la empresa informó que la intervención de la Policía Judicial forma parte «de las actuaciones derivadas de la querella de anticorrupción». No obstante, afirma, «como ya manifestó públicamente a través de hecho relevante, Duro Felguera considera que no existe responsabilidad por los hechos objeto de la investigación y siempre ha mostrado voluntad de colaborar en el marco de las diligencias abiertas».

También recuerda «como consta en el informe de gestión auditado que ha concluído una investigación realizada por un tercero independiente de la que no se puede concluir la existencia de responsabilidades derivadas de actuaciones ilícitas».