Iberdrola asegura que la central de Lada será «inviable ambientalmente» a partir de 2021

La central de Lada tiene fecha de caducidad a ojos de Iberdrola. La compañía se ha mostrado tajante desde que hiciera en noviembre el anuncio de su intención de cerrar la térmica. Lo hizo ante el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal; también ante los presidentes del Principado y de Castilla y León, Javier Fernández y Juan Vicente Herrera. Y ahora ha tocado el turno del Ayuntamiento de Langreo, que le pidió explicaciones por carta el pasado 22 de noviembre. En una misiva dirigida al Consistorio, Iberdrola defiende su intención de cerrar todas sus centrales de carbón y, más allá de su estrategia empresarial, asegura que se trata de una obligación legal, porque una nueva normativa que restringe las emisiones y que entrará en vigor en agosto de 2021 hará «inviable ambientalmente a la central de Lada para su funcionamiento».

En la carta, fechada el pasado 15 de diciembre y firmada por Gerardo Sahelices, de Iberdrola Generación, la compañía se muestra dispuesta a «buscar soluciones conjuntas que permitan la atracción de empleo y mejora del tejido industrial de la zona», pero también es inflexible sobre el cierre. «Es coherente con nuestro compromiso con el medio ambiente, el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático», se puede leer en la misiva, a la que ha tenido acceso este periódico. También hace referencia a la nueva normativa publicada en agosto sobre mejores técnicas disponibles y que endurecerá en 2021 los límites de emisión e incorporará restricciones a otros contaminantes, como el mercurio, el amoniaco o el monóxido de carbono. Es esta nueva legislación la que, según la compañía, impediría a la central de Lada continuar con la actividad, a pesar de que en ejercicios precedentes se realizaran inversiones para cumplir la ley.

A Iberdrola solo le quedan dos centrales de carbón, la de Lada y la de Velilla, que suman una potencia de 874 Mw. De culminarse su cierre se sumarían a los 7.500 Mw de fueloil y carbón que ha clausurado desde 2001. La multinacional española se ha marcado como objetivo reducir sus emisiones de CO2 en un 50% en el año 2030 respecto a los niveles de 2007 y de ser neutra en carbono en 2050.

Pero ni el Gobierno central ni los regionales están por la labor de facilitar el cierre. De hecho, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital prepara un real decreto para regular el cierre de centrales eléctricas en España y que sea el Ejecutivo el que tenga la última palabra. Defiende Álvaro Nadal que está en juego el suministro eléctrico, pero que también es una cuestión de su coste y de la competitividad de las empresas.

En la carta de Iberdrola, sin embargo, la compañía insiste en que «el cierre no afectará a la seguridad del suministro eléctrico, ni al precio de la energía y producirá beneficios medioambientales en la zona». Además, también subraya que «está demostrada la adecuada gestión de Iberdrola ante los cierres de instalaciones asegurando la recolocación de sus empleados y ofreciendo oportunidades para las empresas del entorno».

La preocupación en Asturias es más que evidente. El presidente del Principado, Javier Fernández, volvió a mostrar ayer su intranquilidad por la decisión de la compañía durante la reunión de la comisión de evaluación del Acuerdo para la Competitividad Económica y la Sostenibilidad Social.

Por su parte, el alcalde de Langreo, Jesús Sánchez Antuña, se mostró escéptico sobre la oferta de Iberdrola de buscar soluciones para atraer empleo a la zona y acusó a la compañía de intentar «quedar bien».