Arcelor pide al Gobierno de Sánchez «una auténtica política industrial»

Arcelor se enfrenta a varios retos que determinarán su futuro y, por ello, el director del grupo en España, Jesús Izcue Irigoyen, pide al nuevo Gobierno «una auténtica política industrial». Durante el la segunda edición del Foro de Industria AGFitel, que se celebró ayer en el Centro Niemeyer de Avilés, dos temas monopolizaron las conversaciones: la moción de censura y la guerra comercial que afecta de lleno a productos como el acero y el aluminio. Ambos con una importancia vital para un sector que supone el 22% del Producto Interior Bruto asturiano y que vive pendiente de qué sucede con la tarifa eléctrica, el comercio de emisiones o la escalada proteccionista.

«Nuestro Gobierno no tenía política industrial, no sé lo que vendrá, pero peor no lo podrá hacer», llegó a decir Izcue durante la mesa redonda en la que intervino, moderada por el periodista José María Urbano , ex jefe de redacción de La Voz de Avilés. No obstante, en una conversación posterior con este periódico, matizó sus palabras al señalar que «no se trata de una crítica feroz o que no se haya hecho nada por la industria, pero sí que se podría hacer mucho más». Entre otros aspectos con los que se mostró crítico citó que el único área que no tenía rango de Secretaría de Estado es el de industria o que el peso de este sector en el PIB español no llegue al 18% -Asturias es una excepción-, inferior al 20% que fija la UE como objetivo y «por debajo de los niveles del año 2000». No obstante, el cambio en el Ejecutivo central trae a la multinacional «mucha incertidumbre». «El nuevo Gobierno será una unión de muchísimos intereses y muy distintos, con lo que será difícil llegar a acuerdos en una materia tan importante», se lamentó Izcue, que considera que «siempre se pueden hacer las cosas mejor», pero lograr consensos será complicado cuando «hay tantos actores en el terreno de juego».

El director de Arcelor en España citó como principales desafíos de la compañía el problema proteccionismo y la necesidad de medidas 'antidumping', la descarbonización, el coste de la energía y la digitalización, algunos de esos retos con un argumento similar. «Nosotros solo estamos pidiendo un juego justo, ser competitivos a los precios que realmente nos cuesta producir», señaló.

Así, destacó cómo en España la electricidad cuesta hasta un 40% más que en Alemania o Francia y alertó del «grave problema» que implican los aranceles impuestos por Donald Trump al acero y el aluminio de la UE, pero también de Canadá y México, ya no tanto por las exportaciones comunitarias que se frenarán, sino porque el mercado europeo, «que es el más abierto», puede verse invadido por productos de terceros países que antes iban a ser destinados a EE UU y que ahora pueden recalar aquí. Es de la misma opinión el secretario general adjunto del sindicato IndustriALL, el asturiano Luis Ángel Colunga, que advirtió de que esto no se trata solo de acero o aluminio, sino «de una guerra comercial en toda regla» y que como Izcue puso en valor las medidas de salvaguarda comercial que ya prepara la UE.

De hecho, el director de ArcelorMittal en España espera que esas disposiciones, que calificó de «importantísimas», permitan frenar el efecto indirecto de los aranceles de Trump y que entren en vigor a finales de junio o principios de julio.

Pero más allá de la guerra comercial, hay otro aspecto que supone colocar a la industria comunitaria en una posición de desventaja: el mercado de emisiones. El secretario general de UGT-FICA Asturias, Jenaro Martínez, destacó que el precio de la tonelada de C02 ya se ha incrementado de 5 euros a 13 y «se cree que en los próximos años llegará a 30».

«Vamos a exportar puestos de trabajo para importar CO2», avisó Izcue, que criticó que haya que pagar por el simple hecho de producir -«y el proceso químico de producción del acero tiene emisiones», reconoció-, en vez de invertir ese dinero en evitar en lo máximo posible esa contaminación. Y todo, en un mercado global que permite que entren productos de países de fuera de la UE que no tienen que realizar esos pagos. «Una compañía del Campo de Gibraltar tiene que pagar y otra al otro lado del Estrecho, no, y están separadas por 14 kilómetros», explicó, o trayendo el ejemplo a casa señaló que sería como si en Avilés hubiera que pagar y en Gijón no.

El experto de Syndex Francia, Philippe Morvannou, precisamente, destacó las contradicciones de una UE que impone a su industria grandes restricciones a la emisión de CO2, cuando contamina mucho menos que la de otros países a cuyos productos abre sus fronteras. De hecho, la producción de una tonelada de aluminio en Europa provoca 4,5 de toneladas de C02, mientras que en China se elevan a 17,5.

Por otro lado, Izcue destacó que la viabilidad de las factorías de la multinacional en Asturias depende de ellas mismas, y no tanto de otros factores, como puede ser la compra de Ilva. «Asturias tiene que ser competitiva por sí misma, su salud la va a determinar su propia actividad», aseguró al ser preguntado por los posibles efectos de la compra de la siderúrgica italiana, a los que restó importancia «porque también van a salir otras empresas del grupo» y deseó que el tren de chapa «tenga futuro» tras el acuerdo firmado el jueves con los sindicatos en un «esfuerzo importante».