Rodríguez Vigil: «Zapico conocía esas formas de hacer porque las practicaba»

A Guillermo Quirós Pintado la sentencia condenatoria del juzgado de lo Penal número 2 por el fraude de La Camocha le cogió ayer por sorpresa. El expresidente de la Camara de Comercio, Industria y Navegación de Gijón y director de la explotación minera gijonesa entre 1997 y 1998 llegó a estar imputado en el caso «y eso siempre es una preocupación», admitía ayer, pero no volvió a tener relación con el asunto porque sobre este industrial se sobreseyeron todas las causas y, de hecho, solo participó en el juicio oral como testigo de la Fiscalía. Acerca del fallo, confía en la Justicia y en su decisión porque «obviamente la jueza habrá estimado todas las cuestiones que se habrán logrado acreditar y actuaría en consecuencia», y eludió hacer más declaraciones porque, explicó, que «se trata de un asunto privado de una empresa y resulta difícil opinar».

A quien no cogió por sorpresa la resolución de la jueza Rosario Fernández Hevia fue al expresidente del Principado, Juan Luis Rodríguez Vigil: «Todo el que haya seguido el juicio por los medios de comunicación con una mínima formación jurídica se podía dar cuenta de lo que pasaba en esa mina». El socialista es rotundo cuando sostiene: «El que la hace la paga» y este fallo demuestra que «las instituciones funcionan en este país y por eso la corrupción no es sistémica por fortuna». Rodríguez Vigil conoce bien al principal encausado, Víctor Zapico, pues fue su consejero de Industria, y ambos dimitieron de sus respectivos cargos cuando EL COMERCIO destapó el caso conocido como 'petromocho'. Sobre Zapico dijo ayer Vigil con distanciamiento que «hombre, ese señor conocía las formas de hacer y por lo que se ve las practicaba».

Para el dipuado de IU, Gaspar Llamazares, la manera de actuar de algunos empresarios mineros «era un secreto a voces» y pone en evidencia que «existe en Asturias una connivencia entre algunos empresarios mineros y las propias administraciones mineras y abunda en la necesidad, por el bien de la minería y del sindicalismo, de que prime la transparencia». Llamazares matiza, por otro lado, que no debemos olvidar que se trata de un sector «honesto y trabajador».

Y de manera similar se pronuncia Damián Manzano, secretario general de Industria de Asturias por CC OO: «No veo ningún vínculo entre los casos de corrupción actuales y el caso que nos ocupa. Es el resultado de una investigación y ya está». Preguntado sobre si sospecha que pudiera haber explotaciones mineras que importan carbón y lo hacen pasar como autóctono, Manzano insiste en que «eso tendrá que preguntarlo la Policía si cree que se siguen produciendo esas prácticas». Finalmente, sobre el hecho de que un exconsejero de Industria haya sido condenado a nueve años de cárcel como es el caso de Víctor Zapico vuelve a dirigir la pregunta hacia otro lado: «Eso habrá que preguntárselo al que lo colocó ahí en ese cargo». Tampoco entró a hacer valoraciones sobre el fallo Víctor Fernández, representante del SOMA: «Lo único que quiero decir es que respeto la decisión de la justicia».

También respeta la decisión judicial el sindicalista José Via a quien le parece muy ejemplarizante. «Para mí este caso vincula lo que ha sido el sector de la minería con los últimos hechos a los que estamos asistiendo», señala en alusión a la investigación abierta sobre la fortuna de José Ángel Fernández Villa, así como la dilapidación de fondos mineros sin justificación. «Desde USO pensamos que este fallo pone en cuestión todo lo que ha sido el pasado de la minería del carbón en Asturias, un sector que no ha trabajado más que sobre la especulación y la falta de legalidad y transparencia». El secretario de Acción Sindical de la Federación de Industria de USO, muy beligerante con la actual situación, añade que «este entramado pone en cuestión todos los fondos mineros y todo lo que ha sido un sector que ha adolecido de verdaderos empresarios que quieran explotar la minería con criterios empresariales y no basados en el pillaje y la subvención. Empresarios que solo han buscado atajos a la legalidad».

La Abogacía del Estado

Precisamente con el fin de conseguir un mayor control sobre la gestión de los fondos mineros el diputado Gaspar Llamazares llevó al Congreso de los Diputados varias preguntas tendentes a conocer si el Gobierno está dispuesto a auditar los fondos mineros destinados a las cuencas y a tomar las medidas oportunas en caso de ser necesarias si se demuestra ilegalidad alguna en su gestión.

A pesar de los últimos acontecimientos a los que la sociedad asturiana asiste atónita, la mesa del Congreso respondió a Llamazares que no se van a adoptar medidas excepcionales porque «la gestión de esos fondos por parte del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón ya está sometida al control de la Abogacía del Estado y además en cualquier momento el Tribunal de Cuentas puede iniciar una comprobación de la legalidad de las ayudas concedidas».