La Camocha: cinco condenas de 9 años por desviar 16 millones de ayudas al carbón

Con toda la fuerza de la Ley. El Juzgado de lo Penal número 2 de Gijón condenó ayer a 9 años de cárcel y más de 16 millones de euros de multa a cada uno de los cinco acusados en el juicio de Mina La Camocha. La magistrada Rosario Hevia atendió todas y cada una de las peticiones de la Fiscalía y falló en contra de la cúpula de la trama, integrada por el exconsejero de Industria y apoderado de la mina Víctor Zapico; el entonces presidente de la explotación, Manuel Martín; la máxima responsable de la contabilidad de la mina, Margarita García; el apoderado de Hullas de Coto Quirós y Trabajo y Explotaciones (las otras dos empresas implicadas), Guillermo Honrubia, y el administrador único de Hullas de Coto Quirós, Ángel Manuel García Brugos.

Los cinco fueron declarados culpables de tres delitos contra la Hacienda Pública en su modalidad de fraude de subvenciones, tipificado y penado en el artículo 308.2 del Código Penal. Por el primer delito, el correspondiente al año 1998, la jueza sentenció tres años de prisión y una sanción de 6.177.183 euros a cada uno; por el cometido en 1999, otros tres años de cárcel y 9.799.248 euros por cabeza, y por lo acaecido en el 2000, tres años más y 187.832 euros. En caso de impago, además, ordenó 270 días más de prisión por cada incumplimiento.

El fallo también incluye la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, así como el derecho a gozar de beneficios fiscales o de la Seguridad Social por un periodo de cinco años. Pero eso no es todo. Además, los acusados han de indemnizar conjunta y solidariamente al Estado con 16.174.263 euros. Pago por el que, subsidiariamente, responderán Mina La Camocha Liquidación, Hullas de Coto Quirós y Trabajos y Explotaciones (Trabex).

Que las multas impuestas a cada uno de los condenados coincidan con la indemnización que deberán abonar al Estado no es casual. Esa cantidad, 16.174.263 millones de euros, es la que el juzgado estima que se defraudó de los casi 93 millones recibidos por Mina La Camocha como 'ayudas al funcionamiento y a la reducción de la actividad de las empresas mineras del carbón' durante estos ejercicios.

La explotación obtuvo estas subvenciones, destinadas a reducir la diferencia entre los costes de explotación y los ingresos por la venta del mineral nacional, para minimizar las pérdidas, dado que «por razones estratégicas, sociales y regionales interesaba mantener dicha producción, con el compromiso de que se fuera reduciendo su actividad de forma gradual y progresiva hasta llegar al cierre definitivo». La jueza da por probado que en este contexto y con la «deliberada finalidad de obtener un beneficio económico injusto», Manuel Martín, Víctor Zapico y Margarita García «procedieron de común acuerdo a alterar sustancialmente el destino y los fines para los que las citadas subvenciones eran concedidas».

Así, concibieron un plan que consistía en no destinar parte de las ayudas públicas a extraer carbón de sus propio pozo, sino a comprar mineral a terceros -bien de importación, bien de cielo abierto- para mezclarlo con lo sacado en su explotación y entregárselo a la central térmica de Aboño simulando, de este modo, cumplir con el contrato de suministro concertado con la misma (uno de los requisitos para ser beneficiario de dichas ayudas).

Hevia argumenta que, para conseguir este propósito, los acusados necesitaron crear vías o cauces para la introducción del carbón ajeno en sus instalaciones. Para eso, para que dichos suministros de carbón foráneo permanecieran opacos en cuanto a su destino y finalidad, contaron con la participación de Guillermo Honrubia, apoderado de Trabex y de Hullas de Coto Quirós y del administrador único de esta última, Ángel Manuel García Brugos.

Facturas falsas

Ambas sociedades aparecían formalmente como las compradoras del carbón foráneo, que en realidad adquiría Mina La Camocha. Al mismo tiempo, recoge la sentencia, «ocultaron documental y contablemente las operaciones de compra por parte de La Camocha del carbón adquirido a sus proveedores», facturando estas operaciones «irregulares» por conceptos diferentes a la venta del carbón con el fin de seguir cobrando las subvenciones. Las facturas mostradas en el juicio recogían conceptos tales como la prestación de servicios, alquiler de maquinaria, lavado de finos y otros de igual generalidad y difícilmente comprobables.

La magistrada confirma que, durante la ejecución de este plan, Hullas de Coto Quirós suministró durante los años 1998 y 1999 un total de 32.472 toneladas a La Camocha, adquiridas a terceros o provenientes de sus propias explotaciones. Trabex, por su parte, le envió 51.196 toneladas de carbón compradas a otros «a través de las operaciones de importación que tuvieron lugar significativamente en los meses de septiembre a diciembre del último año». Por otra parte, La Camocha compró directamente, en 1999 y alegando consumo propio, 13.698 toneladas de carbón, de las cuales entregó 778,17 a la térmica de Aboño como de producción propia.

La cuantía total de carbón ajeno que Mina La Camocha entregó a Hidroeléctrica del Cantábrico como mineral extraído en su explotación para el cumplimiento del contrato ascendió a 98.686,4 toneladas. La sentencia ahonda en que, por aquel entonces, el precio unitario por tonelada era, según el Instituto del carbón, de 167,84 euros, en 1998; 160,73 euros, en 1999, y 241,43, en el año 2000. Una sencilla operación de cálculo evidencia que el fraude alcanzó los 6.177.183 euros el primer año, 9.799.248 el segundo y 187.832 euros el último.

En resumen, la jueza Hevia dio por buena toda la argumentación de la Fiscalía. Tanto, que creó malestar entre los abogados de la defensa. «Dice lo mismo que dice el fiscal, para esto no hacía falta juicio», protestó la letrada Ana García Boto, abogada de Margarita García. En el mismo sentido, Ricardo Álvarez Buylla, en representación de Víctor Zapico, lamentó que «por no acoger, no acoge ni el atenuante de acciones indebidas».

A estas alturas, tras la lectura del fallo, estaba más que claro, pero las defensas quisieron confirmar que presentarán el pertinente recurso de apelación ante la Audiencia Provincia.

Toman esta decisión después de que la sala número dos del Juzgado de lo Penal de Gijón echase por tierra prácticamente todos los argumentos que pusieron sobre la mesa durante el proceso. Hevia comenzó desestimando la supuesta prescripción de los delitos y siguió descartando, uno a uno, todos los argumentos planteados por las defensas. No aceptó que existiese vulneración alguna de los derechos fundamentales de los acusados, por ocultación de las diligencias de investigación del ministerio fiscal previas a la denuncia. Porque la investigación previa, señaló, se enmarcó en el estricto ámbito de la investigación policial. Tampoco declaró la nulidad de las actuaciones por contaminación de los magistrados integrantes de la Sección Octava de la Audiencia Provincial, un órgano superior. Ni impugnó la prueba documental, del mismo modo que rechazó la nulidad de la entrada y el registro en las dependencias de la mina en Marqués de San Esteban y San Martín de Huerces.

«Creer en la Justicia»

Pero podía haber sido peor. El abogado del Estado elevaba la petición de las penas de cárcel a 3 años y seis meses por cada delito. Resuelto el fallo, «queda el recurso», confiaba ayer Víctor Zapico, al teléfono. Ninguno de los acusados asistieron a la lectura de la sentencia en los juzgados gijoneses. Sí lo hizo el exdiputado en la Junta y exsecretario general de la Federación Estatal de Mineros de UGT, Antón Saavedra, quien aprovechó la situación para recordar que él llevaba años denunciando estos casos ante la Fiscalía y aportando datos, algunos de ellos, aseguró, facilitados por el actual presidente asturiano, Javier Fernández. Según Saavedra, fue el jefe del Ejecutivo quien le dijo que había mucha «corrupción» y que si no lo denunciaban era porque a ellos no les hacían caso en Madrid. Saavedra calificó de «ejemplar» la sentencia. Y se mostró «feliz y triste a la vez, porque se cargaron un pozu del que vivían 2.000 familias». Lamentó que el proceso haya ido avanzando como «una tortuga paralítica», pero se felicitó porque aún haya jueces, como Hevia, «que nos hacen creer en la Justicia».