Cuatro térmicas y casi 600 empleos

Existe en Asturias una opinión unánime sobre la iniciativa aprobada esta semana en el Congreso de los Diputados y que, de aplicarse, supondría el fin de los pagos por capacidad a las centrales térmicas: si se ejecutara, las plantas españolas -y entre ellas las cuatro asturianas- no tendrían ninguna posibilidad de supervivencia. Y, con ellas, desaparecerían los casi 600 puestos de trabajo (entre directos y de contratas) que suman las plantas de Aboño y Soto de Ribera (EdP), Lada (Iberdrola) y Soto de la Barca (Gas Natural Fenosa). No solo eso, advierten políticos y sindicatos asturianos, el cierre de las térmicas supondría sentenciar a muerte a todo el sector de la minería del carbón en el Principado. Dicho lo cual, parece harto difícil que la propuesta presentada por Unidos Podemos y apoyada por los diputados nacionales de PSOE y Ciudadanos, llegue a materializarse. Principalmente, porque el Congreso instará al Gobierno central a defender en Europa el fin de los pagos por capacidad, sí, pero el Ejecutivo español ya ha tildado de «irresponsable» la moción. Si España, cumpliendo con sus objetivos de CO2, «encaja las centrales de carbón porque son útiles desde el punto de vista económico las podemos mantener», aseguró el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal.

La postura del Gobierno ha dado aire a las compañías eléctricas afectadas, que en los últimos años han hecho serios esfuerzos por adaptar sus instalaciones a los requerimientos europeos en materia medioambiental. Solo EdP, en los últimos diez años, ha invertido más de 200 millones de euros en diversas mejoras en sus centrales asturianas de generación eléctrica -Aboño, de 921,7 MW, y Soto de Ribera, con 361 MW de potencia instalados en su grupo 3- y, por ello, la compañía presumía este mismo año de contar en la región con las instalaciones «más eficientes del país».

Durante su última gran obra, con un coste de 48 millones de euros, la empresa llegó a contar con 600 trabajadores para la construcción de una planta de desnitrificación y la revisión del grupo 3 de Soto de Ribera. Fue la segunda desnitrificadora que EdP puso en funcionamiento en la región, después de la de Aboño, que empezó a operar en febrero y supuso una inversión de unos 60 millones.

La antigua HC cuenta con más de 140 trabajadores en Soto (con 105 empleos directos y entre 35 y 40 subcontratados) y unos 175 empleados en Aboño (135, directos).

Iberdrola, por su parte, emplea a 95 personas -a las que hay que sumar otro medio centenar de trabajadores subcontratados-, en su central térmica de Lada. La planta tiene una potencia de 350 MW. Su producción, hasta septiembre de 2017, había alcanzado los 12.800 gigawatios / hora. En el último año, la compañía realizó inversiones por un importe de 15 millones de euros, para la reducción de los niveles de emisión de Nox. Hace tiempo que el grupo se había fijado como objetivo bajar la potencia de carbón al 1% en 2020 y disminuir en un 50% su intensidad de emisiones de CO2 en 2030, respecto a la base de 2007.

94 son los trabajadores de Gas Natural Fenosa en Soto de la Barca (Narcea), a los que se suman otros 34 subcontratados. El complejo energético de la central se compone de tres grupos: el número uno, de 55 megavatios y el más antiguo, que inició su producción en 1965 y que a excepción de una pequeña producción en 2013 lleva fuera de funcionamiento desde 2007; el número dos, de 166 megavatios, y el grupo tres, con una potencia de 364 megavatios. Hace ahora un año, la Dirección General de Política Energética y Minas autorizó a Gas Natural Fenosa a cerrar el grupo uno. Le dio un plazo de cuatro años para echar el candado pero esto, aclaró entonces la eléctrica, no tendrá efectos sobre la plantilla.

Más de una cuarta parte de la electricidad de la Unión Europea se genera en 280 centrales eléctricas de carbón, repartidas en 22 países, según los datos del Consejo Económico y Social Europeo. A día de hoy, solo seis países han prescindido del carbón para producir electricidad: Chipre, Estonia, Letonia, Lituania, Luxemburgo y Malta. Por eso, la moción de Unidos Podemos, apoyada por PSOE y Ciudadanos, no ha sido entendida prácticamente por nadie en el Principado.

Hasta el Gobierno regional, presidido por Javier Fernández, y la Federación Socialista Asturiana, liderada por Adrián Barbón, se han puesto de acuerdo en criticar la iniciativa. Eso no ha evitado que el resto de grupos políticos de la región carguen contra su partido, por defender un discurso en Asturias y otro muy distinto y con graves consecuencias, acusan, en Madrid.