La UCE cree que la reclamación por los gastos de la hipoteca «no prescribe»

La Unión de Consumidores ha recibido con satisfacción la tesis, cada vez más respaldada en los juzgados, que obliga a los bancos a devolver a sus clientes parte de los gastos hipotecarios -registro, notaría y otros aranceles- que abonaron durante la formalización de sus préstamos. El Tribunal Supremo ya había dictado en 2015 una sentencia condenando a BBVA y Popular a devolver esos importes por no haber sido objeto de negociación. A este siguieron más fallos, que a su vez pueden suponer el inicio de otros procesos que podrían englobar a seis millones de clientes, según las estimaciones de la OCU. En Asturias, según los cálculos de la UCE, 80.000 familias podrían reclamar estas cantidades, por un importe medio de entre 2.500 y 3.500 euros.

Se trata tanto de quienes están amortizando sus créditos como de quienes ya los han liquidado. Y ahí es donde ha surgido cierta controversia. Algunos despachos de abogados y organizaciones limitan la posibilidad de reclamar a los que aún continúen pagando su crédito hipotecario o lo hayan liquidado hace no más de cuatro años. Sin embargo, el presidente de la UCE en Asturias, Dacio Alonso, no entiende esta restricción. «Nosotros creemos que cualquiera que haya tenido una hipoteca puede reclamar estos gastos de formalización», asevera.

Para ello, se apoya en la reciente sentencia del Tribunal Europeo sobre la nulidad de las cláusulas suelo que, al contrario del fallo del Tribunal Supremo, estima el pago retroactivo de lo cobrado de más por las entidades bancarias desde el mismo momento de la aplicación de estas cláusulas consideradas abusivas. La UCE interpreta este fallo de una manera clara: «Las cláusulas abusivas no tienen prescripción alguna». Tampoco, en el caso que nos ocupa.

La ventaja de la banca

Alonso sabe que los bancos cuentan con una ventaja: solo una mínima parte de los consumidores afectados recurre a los tribunales. En las demandas relativas a las cláusulas suelo, pone como ejemplo, «antes de la sentencia del Tribunal Europeo no había reclamado más del 20% de quienes podían hacerlo». En otros casos, el porcentaje es aún peor. «De los 300.000 pequeños ahorradores afectados por la salida a Bolsa de Bankia solo denunció un 10%», lamenta. Aunque luego, al menos en esa ocasión, hubo final feliz: «El abogado de la UCE consiguió que el Supremo sentenciase la nulidad de esos contratos y Bankia decidió devolver de oficio 2.000 millones ante la perspectiva de tener que pagar mucho dinero en costas judiciales».

Dicho esto, insiste, «los bancos conocen muy bien el comportamiento de sus clientes y saben que solo una minoría va a meterse en pleitos».

El coste para las entidades de la devolución de parte de los importes de la formalización de la hipoteca se encuentra en una franja que roza los 3.000 millones. Pero son muchas las dudas que plantea este procedimiento. Porque, al mismo tiempo, existen sentencias que han dado la razón a las entidades, como la dictada hace pocos días en Oviedo. En cualquier caso, el sector ha comenzado a mover ficha, aunque desde la Asociación Española de Banca insisten en que estas sentencias «son solo casos aislados y no se puede generalizar» la devolución de esas cantidades. La patronal afirma estar «analizando con calma caso a caso». La base legal para reclamar la devolución de los gastos de constitución hipotecaria es que, en su momento, fueron impuestos por el banco y no consensuados con el cliente.