Podemos baraja pedir una comisión que investigue los cursos de formación

El secretario general de Podemos Asturias, Daniel Ripa, ha anunciado hoy que se personará como acusación popular o se sumará a iniciativas de este tipo en el caso que está siendo investigado por el juzgado número 4 de Oviedo sobre el uso de los fondos destinados a la formación para el empleo, cuestión sobre la que baraja pedir una comisión de investigación parlamentaria.

Ripa ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en la que ha analizado la detención del ex secretario general de UGT-Asturias, Justo Rodríguez Braga, y cinco personas más por su presunta implicación en el desvío de fondos destinados a cursos de formación para desempleados.

Además, ha afirmado que esta investigación judicial ha estado parada durante mucho tiempo y que el registro que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hizo ayer en la sede regional de UGT fue un "golpe de mano" para avanzar en la misma ya que, en su opinión, estaba bloqueada con la colaboración del Gobierno regional, que no quería que avanzase.

"Hay que acabar con la ley del silencio y la impunidad en Asturias", ha subrayado el dirigente de la formación morada, que ha apelado a la colaboración ciudadana para acabar con este tipo de situaciones.

Según Ripa, Podemos va "a apoyar cualquier acción y acusación popular o iniciativa que vaya destinada a que se acabe con la impunidad, tanto a nivel social como en los juzgados, y se va implicar activamente para aumentar la limpieza de las élites sindicales".

También ha incidido en que Podemos va a seguir apostando por la gestión pública y transparente de la formación y que va a pedir al Gobierno que comparezca ante el parlamento regional "para que explique si UGT estaba haciendo negocio con el dinero de los parados".

"José Ángel Fernández Villa -ex secretario general del SOMA-UGT- no era el único que podía estar beneficiándose de las redes clientelares en Asturias y por tanto hay que investigar si unas pocas élites utilizaban el dinero destinado para los jóvenes para otros fines", ha afirmado.

Según Ripa, las primeras víctimas de este presunto caso de corrupción son los propios afiliados de UGT y trabajadores por parte una "pequeña elite sindical con altos contactos con una parte del PSOE porque (el presidente del Principado) Javier Fernández fue avalado por Justo Rodríguez Braga".

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