La declaración de una veintena de trabajadores desencadenó la redada

Durante 16 años fue el secretario general de la UGT en Asturias pero ayer, tras negarse a declarar ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que lo arrestaron, Justo Rodríguez Braga, pasó su primera noche en un calabozo, digiriendo la sorpresa vivida. En las últimas fechas el exsindicalista había confiado a sus íntimos que su condición de jubilado le tenía aburrido, y que estaba convencido de que la investigación judicial abierta sobre su etapa al frente de la central «acabará en nada».

Un informe entregado por la Unidad Central Operativa (UCO) ante la magistrada-juez Carmen Blanco en las últimas semanas ha truncado el rumbo que estaba tomando el 'caso UGT'. Su contenido convenció a la titular del Juzgado de Instrucción 4 de Oviedo para decretar por primera vez el secreto de las actuaciones para los abogados personados; acto seguido, autorizó las entradas, registros y arrestos de la redada de ayer, a cuyo frente se puso secundada por letrado de la administración de Justicia. La privación de libertad «es una medida extrema al alcance de los instructores que en teoría solo activan para el aseguramiento de las pruebas», matizan los abogados consultados. «También se puede buscar con ella una puesta en escena intimidatoria para lograr que los detenidos 'canten'», completa otro.

¿Qué es lo que recoge el informe que lo ha precipitado todo? Entre otros elementos, da cuenta de una pesquisa celebrada en noviembre en el cuartel del Rubín. Allí fueron citados una veintena de trabajadores de UGT, la mayoría de ellas encargados de tareas administrativas, técnicas, captación de afiliados y otras funciones. Uno a uno, los uniformados les sometieron a un cuestionario común. «¿Qué es lo que hace usted en la central?», requerían. Los investigadores demandaban todos los detalles sobre los cometidos presentes y pasados de los testigos, pero cuidándose de enseñar sus cartas. Así fue como los trabajadores aportaron la información, sin saber cuál era el fin último de la diligencia.

Fuentes próximas a la investigación señalan que el nexo común de los convocados es que en algún momento parte de sus nóminas fueron financiadas utilizando subvenciones de formación, extremo que los interpelados no siempre conocían. Esa ignorancia facilitó que alrededor de una docena hicieran una descripción prolija de sus tareas sin percatarse de que supuestamente estaban evidenciando que nada tuvieron que ver con los cursos de formación a trabajadores y parados.

Los agentes están convencidos de que la prueba acreditó que en UGT era habitual maquillar la documentación justificativa de las subvenciones, para pasar como gastos propios de las clases facturas y salarios que nada tenían que ver. Un matiz. Estas ayudas son finalistas, es decir, son concedidas por el Principado para un objeto concreto, y como mucho permiten dedicar un porcentaje minoritario a atender costes como la luz, la amortización de equipos, y el mantenimiento del inmueble en el que se enseña a los desempleados y trabajadores. El presunto desvío de fondos permitiría a la organización tener una posición financiera más desahogada, al precio de restar dinero a los cursos.

El fraude en las subvenciones y la falsificación documental son el escalafón más bajo de las irregularidades que los agentes intuyen. La Guardia Civil trabaja con la tesis de que además de financiar gastos de estructura ajenos al objeto de las subvenciones finalistas, hubo «desvío directo de dinero a los implicados».

El impulso desde Madrid

La historia del 'caso UGT' «es un empeño de la UCO, sin ellos no habríamos llegado a esto», reconocen fuentes próximas a la investigación. Cabe recordar que fue esta unidad especializada y con base en Madrid la que empezó a tirar del hilo asturiano. Tras comprender la supuesta mecánica delictiva desarrollada por el sindicato en Andalucía, los agentes peinaron el territorio, en busca de documentación y testigos que les pudieran aclarar si el modus operandi era exclusivo de la región sureña o la forma habitual de funcionar en todo el país.

EL COMERCIO destapó en primicia el 16 de noviembre de 2014 esta pesquisa, aún embrionaria, pocos días después de que los agentes hicieran su primera visita a la región. Los uniformados, especializados en delincuencia económica, llegaron con los deberes hechos en forma de una lista concreta de empresas y personas sobre las que recabar información. «Es la primera noticia que tenemos de esto, pero somos transparentes y nos ponemos a disposición de quien quiera investigar», señaló entonces, en nombre de la organización, Carmen Caballero, una de las detenidas ayer.

El 'caso UGT' dio un salto cualitativo cinco meses y medio después. El 3 de mayo de 2015 EL COMERCIO revelaba que el asunto estaba en manos del fiscal Gabriel Bernal del Castillo, quien instruía unas diligencias de investigación con la abundante documentación que le presentaron los agentes de la UCO. «Cada factura fue auditada y revisada por las administraciones; no entendemos muy bien por qué ahora se analiza todo de nuevo», valoraba de aquella Caballero, en representación de la ejecutiva regional.

No opinó lo mismo Bernal del Castillo. El 22 de diciembre presentó una denuncia ante el juzgado de guardia, acotando los hechos a las subvenciones de formación, y dejando fuera la gestión de otras ayudas. El Ministerio Público fue además centrando la mira en el volumen del supuesto fraude acumulado en cada año, al objeto de distinguir las cuantías que podían llegar a delito de las que se quedaban en irregularidades administrativas.

Pese a que la causa estaba digirida por una magistrada asturiana con la participación de un fiscal asturiano, la UCO permaneció vinculada al caso. Esa participación le permitió proponer a la instructora ampliar las diligencias, con nuevas pesquisas y líneas de investigación que han condicionado el curso del proceso.

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