Cuatro jueces, un fiscal y los agentes de Madrid marcan el ritmo de la causa

El 'caso UGT' no es uno más, ni por la entidad de los detenidos, ni por los protagonistas que lo están lidiando. No es lo corriente por ejemplo que una supuesta trama de corrupción sea detectada por agentes con base en Madrid, mientras les pasa inadvertida a los investigadores del propio territorio. El asunto, de notable envergadura, acabó en un primer momento en manos de un fiscal, Gabriel Bernal del Castillo, profesional que durante catorce años se hizo cargo de las causas en violencia de género, y que en ese momento llevaba dos años destinado a la sección de delitos económicos del Ministerio Público. El volumen de la documentación a la que se enfrentaba contrastaba con la carencia de medios para indagar en ellos.

Pocas veces ocurre que antes de destaparse por completo un asunto, la fiscal superior, Esther Fernández, anticipe por dónde puede soplar el viento. Fue a preguntas de Juan Neira, en el programa 'La Lupa', en abril de 2015, cuando desveló que su equipo tenía entre manos un asunto relevante relacionado con los cursos de formación.

Entre las rarezas del proceso se encuentra la rotación de los magistrados que han dirigido las investigaciones. A finales de 2015 y por turno de reparto la denuncia de la fiscalía recayó en el Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo, del que era titular María Luisa Llaneza. Tras librar las primeras pesquisas, el 8 de junio de 2016, el Boletín Oficial del Estado, concede a la magistrada-juez un cambio de destino; sigue en la jurisdicción penal pero ahora desde la Audiencia Provincial.

Marta Navas Solar se hizo cargo provisionalmente de la plaza, si bien por poco tiempo y procurando centrar su cometido en la gestión ordinaria del juzgado. Le tomará el relevo, también con carácter interino, María José Álvarez de Linera. Finalmente será Carmen Blanco quien se haga con la titularidad del juzgado y, por extensión, con la responsabilidad de la investigación.

La redada ayer lanzada también incurre en elementos que pocas veces antes se han visto. El sumario era público para las partes desde su inicio, y es solo ahora cuando Carmen Blanco ha encontrado elementos para ordenar el secreto de las actuaciones y el arresto de parte de los implicados. Lo corriente es que suceda justo al revés, esto es, que agentes y fiscales aporten desde un primer momento al juzgado indicios suficientes como para ordenar este tipo de actuaciones, y que si no se organizan desde el inicio, no tengan lugar nunca.

El operativo supone un salto mayúsculo para un proceso judicial que hasta ahora había avanzado con solo dos investigados (la actual denominación de los imputados): Andrés de Dios desde IFES, María Menéndez por parte de Infastur, y María Jesús Ocaña de Localmur, sociedades ambas vinculadas al sindicato. Aunque la denuncia se presentó también contra UGT, finalmente la magistrada-juez no concretó esa sospecha contra persona alguna, hasta ahora.

Entre las cosas que no se salen del guión se cuenta la defensa de los acusados. Hasta ahora el sindicato ha recurrido al mismo bufete de abogados, unos profesionales que ayer asumieron la asesoría de Justo Rodríguez Braga, Carmen Caballero, Daniel Rodríguez, Manuel Díaz Cancio y Alberto González. Los letrados recomendaron no declarar ante los agentes y reservar toda explicación ante la magistrada, que es a la que habrán de convencer de que los elementos que han motivado su arresto no son suficientes como para decretar su ingreso en Villabona en prisión provisional. La única que ha optado por recurrir a un abogado propio, de su confianza, es Silvia Sariego, una diferencia que ayer marcó otra: ella sí declaró, durante cuatro horas, sin necesidad de conocer el sumario. «No tiene nada que ocultar», explicó su letrado, Juan Carlos Rodríguez, de Fides Abogados.