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Miércoles, 18 de enero 2017, 03:13
Para evitar lo que consideran un cierre en falso, los agentes de la UCO habían solicitado nuevas diligencias y proponen estudiar la gestión de las subvenciones en su totalidad, sin ceñir la instrucción a las ayudas de formación. Con el permiso de la magistrada, vuelven a analizar toda la documentación que aportaron al fiscal, y someten a una veintena de trabajadores del sindicato a un cuestionario. Las testificales, celebradas en el cuartel del Rubín (Oviedo) sugieren que los empleados no trabajaron para los cursos de formación, a pesar de que parte de sus nóminas de financiaron gracias a esos fondos. Con estos elementos, proponen el arresto e interrogatorio de los encargados de justificar las subvenciones.
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