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Miércoles, 18 de enero 2017, 03:13
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) visitaron en noviembre distintas comunidades autónomas, donde interrogaron a testigos conocedores de las entretelas del sindicato. Su objetivo es verificar si las prácticas supuestamente irregulares que creen haber detectado en Andalucía bajo la dirección de la magistrada-juez Mercedes Alaya eran algo exclusivo de la región sureña o un modus operandi de todas las uniones regionales. Los chequeos preliminares llevan a los agentes a una lista concreta de nombres y empresas vinculadas a UGT-Asturias, así como líneas de subvención que podrían haber sido dedicadas a fines no previstos en las bases de las convocatorias. Los primeros testigos confirman sus sospechas.
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