La bajada del déficit supondrá para Asturias una pérdida de más de 90 millones en 2016

Asturias votó ayer en contra del reparto de déficit para las comunidades autónomas para el periodo 2016-2018, establecido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que obligará a las regiones a reducir su saldo negativo desde el 0,7% previsto para este año al 0,3% en 2016, al 0,1% en 2017 y al equilibrio presupuestario en 2018. Un ajuste que supondrá para Asturias una pérdida de más de 90 millones de euros en 2016, a la espera de comprobar cómo se comportarán los ingresos como consecuencia de esta caída del déficit.

El Principado, y otras ocho comunidades autonómicas más, defendieron ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la necesidad de corregir el «injusto reparto» del déficit público entre el Gobierno central y las comunidades, ya que entienden que el primero se reserva buena parte del margen en detrimento de las autonomías que, defienden, son las que prestan y financian el grueso de los servicios públicos fundamentales. Pero el ministro del ramo, Cristóbal Montoro, hizo oídos sordos a la petición de los nueve consejeros que exigían mayor flexibilidad y abogaban por establecer el objetivo de déficit autonómico para el año que viene en un 1,4%.

«Restrictivo» y «asfixiante»

La consejera asturiana en funciones de Hacienda, Dolores Carcedo, calificó el objetivo fijado de «restrictivo» y «muy asfixiante» para las comunidades e insistió en la necesidad de corregir la distribución del déficit «para adecuarlo a la estructura de gasto de las comunidades, con el fin de que podamos afrontar los servicios básicos que prestamos a los ciudadanos en las mejores condiciones». Asturias, que ya presentó en 2013 un recurso ante el Tribunal Supremo contra el reparto del déficit entre las distintas administraciones públicas, reclamó también un informe de la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) para que se distribuya el déficit de otra manera. Las reivindicaciones del Ejecutivo asturiano en funciones no se quedaron ahí y exigió al Gobierno de Mariano Rajoy, por otra parte, que asuma sus propios anuncios de rebajas fiscales para que no repercutan en las comunidades autonómicas. «Si se sube el IVA o se baja el IRPF, repercute en las comunidades, cuando deberían ser las administraciones que toman esas decisiones las que soportan sus consecuencias», defendió Carcedo. La única buena noticia que se trajo la consejera en funciones de la reunión de Madrid fue que el Principado recibirá 40 millones (30 más de lo que estaba previsto inicialmente) con cargo a la liquidación de 2013.

Aunque el reparto de los objetivos de déficit autonómico es motivo de quejas todos los años por parte del Gobierno de Javier Fernández, ayer se sumaron a esta batalla otras comunidades que han registrado cambios en sus respectivos ejecutivos tras las últimas elecciones regionales. El Ministerio de Hacienda tuvo, por ello, que hacer frente a la primera rebelión seria de las comunidades autónomas. Hasta nueve ejecutivos regionales votaron en contra del esfuerzo que el plan de estabilidad exige a las comunidades para cumplir con los datos enviados a Bruselas y pidieron a Montoro que flexibilizara el límite del 0,3% previsto para 2016 (el 0,7% de este año ya está aprobado). La oposición de todas las comunidades no gobernadas por el PP dejó al ministerio en minoría -tuvo el respaldo de seis frente al rechazo de nueve y una abstención- y le obligó a hacer uso del voto cualificado (al ministerio le basta el apoyo de una comunidad para sacar adelante las resoluciones)

Lo que está claro es que el CPFF ha dejado de ser un mero trámite para el Gobierno en el que imponía sus decisiones sin apenas contestación. Los ejecutivos regionales salidos de las pasadas elecciones han sumado voces críticas con las políticas de esfuerzo de déficit contempladas en el plan de estabilidad del Ejecutivo. Tanto es así que por primera vez en cuatro años había una mayoría de comunidades no gobernadas por el PP en la reunión y, por tanto, contrarias a las directrices del Ministerio de Hacienda. En concreto, las nueve comunidades díscolas estuvieron de acuerdo en el objetivo global del 2,8% de déficit para 2016, pero pidieron al Gobierno que modifique el reparto de ese esfuerzo al considerar que el peso recae especialmente en las comunidades. Un extremo que Montoro negó.

«Mayor esfuerzo»

«El mayor esfuerzo sobre reducción de déficit lo hace la administración central», aseguró el ministro. En este sentido, recordó que la administración central deberá pasar de un déficit del 3,5% en 2014 a un 2,2% en 2016 frente a las siete décimas que en ese periodo deberán reducir las comunidades. En cualquier caso, Montoro relativizó las diferencias e insistió en que las comunidades autónomas apuestan por la estabilidad presupuestaria. «Se discute si la reducción de déficit es en un determinado año u otro», explicó en un intento de restar importancia a las discrepancias vividas en el Consejo de Política Fiscal.

Además, ante la posibilidad de que varias comunidades autónomas incumplan los objetivos de déficit -como prevé la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal- Montoro advirtió que el Gobierno «aplicará con todo rigor la ley de estabilidad». Y es que el ministro insistió en que el cumplimiento del plan de estabilidad es lo que ha permitido a España «crecer y generar empleo».