La primera subasta de renovables tras la reforma eléctrica resucita al sector

El sector de las renovables en España podría volver a echar a andar después de más de tres años de moratoria que le situaron ante una parálisis casi total. El ministro de Industria, José Manuel Soria, decretó allá por el mes de enero de 2012, la suspensión del pago de las primas verdes a todas las plantas que no estuvieran inscritas en los registros del ministerio, como primera medida para taponar el déficit de la tarifa eléctrica. Y, desde entonces, esa industria se ha limitado ha desarrollar los pocos proyectos que se habían inscrito previamente.

Industria completó la moratoria con el fuerte recorte de incentivos derivado del nuevo sistema retributivo, basado en parámetros de inversión, que sustituyó a las antiguas primas y condujo al sector de las renovables hacia una crisis sin precedentes.

Los números hablan por sí solos. En 2014, la potencia renovable instalada sólo se incrementó en España en 39 megavatios (MW), según los datos que maneja la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), cuando en 2011 y 2012, años en los que todavía no había tenido efectos la reforma del Gobierno, se instalaron 2.300 MW y 2.882 MW, respectivamente. En el caso de Asturias, la potencia renovable no se incrementó ni en un solo megavatio, manteniendo los 600 MW con los que contaba en 2013, y en los que la energía eólica tiene un peso preponderante con una potencia total instalada de 476 MW.

Y por si esta parálisis no fuera suficiente, eólicas y fotovoltaicas mantienen centenares de pleitos en el Tribunal Supremo contra los recortes de la nueva normativa, mientras los inversores internacionales del sector (una docena) han optado por los arbitrajes internacionales.

Pero hace unas semanas, en plena vorágine electoral, el titular de Industria daba la campanada desmarcándose con una propuesta de Real Decreto que, de facto, rompe la moratoria renovable y permite la adjudicación de nuevos megavatios eólicos y de biomasa.

Tras el hachazo aplicado en junio de 2014 y la desaparición del sistema de primas, Industria sacará a subasta 500 nuevos megavatios eólicos y 200 MW de biomasa. El coste en incentivos públicos será de 21 millones anuales en el caso de los megavatios eólicos y una vez que entren en funcionamiento. El ministerio aplicará una retribución a la inversión de 40.000 euros por megavatio, tanto de nueva instalación como en sustitución de máquinas antiguas por nuevas. El coste del incentivo para la biomasa ascenderá a 130 millones

La subasta de los nuevos cupos renovables se hará bajo el sistema nacido al calor de la nueva Ley Eléctrica, aprobada en diciembre de 2013, que establece que la retribución a las plantas verdes (su 'régimen retributivo específico') y el valor de la inversión inicial de los proyectos se determinará «mediante el procedimiento de concurrencia competitiva».

Se trata, en definitiva, de un modelo de subasta en el que se fija un precio de salida y los concurrentes pujan a la baja por los megavatios ofertados. Sólo podrán hacerlo, eso sí, las empresas eólicas y las que se dedican a la biomasa que, de hecho, ya han empezado a desempolvar viejos proyectos. Es el caso, por ejemplo, del proyecto promovido en Asturias por Bioerenova S. L. para generar 10 MW a partir de biomasa forestal y que supondría una inversión de 30 millones de euros. Cuenta con todos los permisos del Principado y de la Confederación Hidrográfica aprobados desde el año 2013, pero sus promotores lo mantienen en la nevera y han solicitado una prórroga al Gobierno regional para su desarrollo a la espera de ver cuánto dinero podrán cobrar.

La tecnología que, al menos por el momento, no parece salvarse de la quema es la solar, que queda fuera de los nuevos cupos de renovable previstos por Industria.

Por norma general, las empresas de renovables consultadas ven bien las pujas, siempre que se eliminen las revisiones periódicas de su retribución. Pero nunca llueve a gusto de todos, y son muchas las quejas que la propuesta de Industria está provocando. La Asociación Empresarial Eólica (AEE) denuncia que esa cantidad es un 60% inferior a la de los parques instalados entre el 2013 y el 2014. Por esto, la patronal nacional del sector desconfía de este nuevo sistema para abrir más parques eólicos con prima. Y recela porque el marco regulatorio del sector eólico no variará y se mantiene la revisión de las retribuciones económicas cada seis años.

Este punto, incluido en la reforma energética que asestó fuertes recortes a las energías renovables, hará que en el 2019 toque revisar las condiciones económicas de los parques que se beneficien de la subasta. Fuentes de la AEE subrayaron que ven «complicado y difícil» que los promotores eólicos se animen a realizar inversiones si dentro de cuatro años pueden cambiar las condiciones económicas. Y si las empresas se lanzan, los bancos pueden mostrar reticencias a formalizar un préstamo sin saber lo que ingresará su cliente dentro de cuatro años.

De esta manera, la patronal eólica ve complicado que la subasta tenga éxito si se mantiene la revisión de las retribuciones cada seis años, ya que será un «riesgo elevado» invertir en nuevos parques eólicos.

AEE ha incluido esta advertencia en las alegaciones que ha presentado a los borradores de Real Decreto y de orden ministerial que ampararán la convocatoria de la puja y que tramita en la actualidad la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En sus sugerencias, la patronal pide, además, que el ministerio fije un calendario de la puja y aclare la periodicidad de la convocatoria.

Nuevos parques con incentivo

Pese a los claroscuros de la subasta de megavatios con incentivos, empresas como Gas Natural Fenosa la esperan como agua de mayo, pues ven en ella una oportunidad (la única, de momento) de desarrollar parques eólicos nuevos con incentivos. De no acceder a los nuevos cupos, la supervivencia de muchas empresas, advierten desde la APPA, dependerá de su capacidad para competir en los mercados exteriores, algo difícil de mantener con un mercado doméstico en total recesión. La empresa tramita 288 megavatios en Galicia (renunció a otros 141 del concurso de la Xunta tras realizar un análisis de rentabilidad). De ellos, 120 están más avanzados y serían esos los que aspirarían a lograr incentivos en la puja, según el delegado de la empresa en esa comunidad, Manuel González Pellicer.

Por si el problema fuera pequeño, las nuevas exigencias de la Comisión Europea sobre ayudas de Estado complican aún más la posible solución para el sector. Por lo pronto, el organismo europeo ha abierto un procedimiento para determinar si el nuevo sistema de incentivos a las renovables es una ayuda compatible. Unas restricciones que dicho sea de paso también están complicando la solución al problema que arrastra la minería desde hace meses.