La viabilidad de las industrias lácteas, en cuestión debido a la multa de Competencia

Preocupación en el Gobierno asturiano y también en la administración central por las multas de 88,2 millones de euros de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) a dos asociaciones y nueve empresas que operan en el mercado de la leche cruda, por consensuar los precios, entre ellas a Corporación Alimentaria Peñasanta.

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha mostrado su temor sobre cómo pueda afectar la multa de la CNMC a la viabilidad de las industrias lácteas sancionadas y, con ello, que pueda repercutir negativamente también en los ganaderos. Así lo ha afirmado durante su intervención hoy en el Desayuno Informativo de Europa Press.

La ministra ha reconocido que este asunto le preocupa "como responsable de la industria y como responsable de los ganaderos". "Espero que esto no tenga consecuencias severas para estas industrias y acabe siendo perjudicial para los 17.000 ganaderos", ha indicado. "Más allá de la preocupación", ha resaltado que "la CNMC es un órgano independiente donde nosotros (el Gobierno) en absoluto interferimos".

Según la ministra, ahora la industria "tiene que ver si está conforme o no" con la decisión de la CNMC y, en su caso, "hay procedimientos para que la recurran". Entre las empresas más perjudicadas por esta sanción se encuentra CAPSA, fabricante de los productos Clas, Ato y Larsa, que ha sido multada con 21,8 millones que se suman a los 698.477 euros de multa impuestos a Central Lechera. Sus responsables ya han expresado su "profundo desacuerdo" con la decisión de la CNMC y han anunciado que interpondrán un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional.

Por otra parte, García Tejerina ha defendido en su intervención las actuaciones del Gobierno durante los tres últimos años para ordenar las regulaciones comerciales entre sector e industria. Desde el principio de legislatura, han regulado al sector con el "Paquete Lácteo", con dos años de experiencia, para agrupar a los ganaderos en organizaciones de productores con el objetivo de que tengan mejor poder de negociación y haya contratos por escrito a largo plazo y firmados antes de que haya entregas.

Preguntada sobre si habrá nuevas multas, esta vez de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), ha recordado que ésta ya ha impuesto tres sanciones por prácticas abusivas. La voluntad de esta ley es que sea "disuasoria", porque "yo no quiero poner multas por poner multas", sino que "la gente sepa lo que no puede hacer y que no lo haga", ha afirmado.

Por otro lado, el consejero de Presidencia del Gobierno regional, Guillermo Martínez ha afirmado que la situación les preocupa, pero que también hay que tener en cuenta que los que más influyen en los precios son los distribuidores.