El G-20 aplaza hasta 2017... o incluso 2018 el intercambio de datos contra la evasión fiscal

La debilidad con la que la Unión Europea llegaba a la cumbre del G-20 de este fin de semana en Brisbane (Australia), atenazada en parte por el llamado Luxleaks -el escándalo de los acuerdos fiscales secretos que Luxemburgo estableció con 340 multinacionales- frenó la posibilidad de que hubiera avances de peso en este ámbito. Los líderes mundiales, encabezados por el estadunidense Barack Obama y la alemana Angela Merkel, se limitaron a acordar un «estándar de información común», aunque sin una fecha concreta de su entrada en vigor.

El primer ministro australiano, Tony Abbott, anfitrión de la cita, quiso enfatizar este domingo, no obstante, que «queremos que las compañías paguen su parte justa de los impuestos y que lo hagan en las jurisdicciones donde se logran sus beneficios». Sin embargo, habrá que esperar todavía varios años para ver resultados concretos. «Comenzaremos a intercambiar información automáticamente entre nosotros y con otros países -anunció- para 2017 o finales de 2018, una vez completadas las reformas legislativas necesarias».

España, según anunció el presidente Mariano Rajoy, será uno de los primeros Estados en sumarse al programa. El país, aunque sufre como otros la ingeniería tributaria de las grandes corporaciones para no pagar impuestos donde tienen sus filiales, también se aprovecha de forma indirecta de ese circuito. Según datos del propio Ministerio de Economía, la mitad (en concreto, el 55%) de las inversiones extranjeras que el país recibió en 2013 procedía de centros offshore, es decir, que quedan normalmente fuera de los acuerdos de intercambio de información fiscal. Luxemburgo fue precisamente el principal origen, con 1.811 millones de euros de los cerca de 8.800 millones que llegaron por esa vía.

Precisamente el luxemburgués Jean-Claude Juncker, en un papel incómodo porque su legitimidad como presidente de la Comisión Europea (CE) ha sido puesta en entredicho al conocerse que esos acuerdos tributarios aparentemente irregulares se firmaron en su etapa como primer ministro del Gran Ducado, abogó ayer por tener un sistema automático de intercambio de datos, en línea con las tesis de la OCDE. La organización que reúne a las economías desarrolladas ya ha logrado que den su visto bueno al proyecto 48 países y territorios, de los que 18 son considerados paraísos fiscales. El problema es que otra veintena de lugares propicios para la evasión fiscal no son proclives a suscribirlo.

Por eso, los «tímidos» avances del G20 en esa materia la propuesta que la CE pretendía presentar para armonizar el impuesto de sociedades a nivel mundial quedó en papel mojado fueron considerados insuficientes por distintas organizaciones no gubernamentales. «Reconocen los fallos del sistema financiero, pero ignoran las verdaderas soluciones», lamentaron desde Financial Transparency Coalition, una red de nueve ONGs especializadas.

En este escenario defendió Rajoy el compromiso de España y reclamó que «no haya lugar en el mundo en el que pueda refugiarse quien no quiera tributar». El jefe del Ejecutivo entiende que la lucha contra el fraude es «un objetivo moral y económico», que permitirá aumentar los ingresos -pensando en el déficit- y acometer «de una manera más activa» la rebaja fiscal que entrará en vigor el próximo 1 de enero.

Crecimiento global

La reunión de las principales economías del mundo se saldó, por otro lado, con la esperanza de que el plan con más de 800 medidas aprobado por todos los asistentes favorezca la creación de «millones de puestos de trabajo» e impulse el Producto Interior Bruto (PIB) global un 2,1% por encima de las previsiones hasta 2018. La meta es inyectar dos billones de dólares extra (1,5 billones de euros)_en los cuatro próximos años para impulsar la actividad mundial.

Para ello se combinarán políticas de apoyo a la inversión y el consumo con reformas estructurales, una hoja de ruta que coincide con la española según destacó Rajoy. En infraestructuras se estima que hasta 2030 habrá un déficit de 70 millones este tipo de obras, que se pretende subsanar en parte con un nuevo centro que desde Sydney coordinará esfuerzos para mejorar su calidad.

También hay medidas para mejorar la competitividad, reducir la burocracia, aumentar el empleo femenino, etcétera. Y el Fondo Monetario Internacional (FMI), por su parte, se ha comprometido a «supervisar país por país, acción por acción, reforma por reforma, si se cumplen o no».