Mucho más que ruido

El pasado fin de semana echaba el cierre definitivo el Ca Beleño tras más de tres décadas animando las noches ovetenses. El local regentado por Frankie Delgado desde 1987 se había convertido en los últimos años en abanderado de la música en directo en los bares, una lucha en la que hosteleros y artistas llevan tiempo embarcados con el objetivo de reformular la actual legislación autonómica en la materia. La armonización de estas demandas con la normativa existente y con la convivencia vecinal no parece un objetivo fácil de lograr a la vista de la situación actual que algunos de los implicados no dudan en calificar de «enquistada». Es la guerra de los garitos o «a los garitos» (como apunta otro de los protagonistas consultados) en la que músicos y dueños de bares comparten inquietud bajo diferentes puntos de vista.

La legislación vigente en Asturias –y en la práctica totalidad de las comunidades autónomas– establece que los espectáculos musicales solo pueden celebrarse en locales con licencia para esta actividad: discotecas, salas de fiesta, cafés-teatro. Los bares con autorización para música amplificada (la inmensa mayoría de los establecimientos de este tipo) solo podrían reproducirla y siempre que el nivel de decibelios no supere el máximo para estos locales (90 decibelios).

En la práctica son muchos los pubs que programan conciertos, generalmente en horarios no intempestivos, exponiéndose a ser sancionados si se produce una denuncia. Los decretos 91/2004 y 99/1985 del Principado de Asturias regulan esta materia que cuenta con una ley (la 8/2002) sobre espectáculos públicos y actividades recreativas. Las ordenanzas municipales se ajustan a esta legislación y las sanciones por su incumplimiento pueden ir de los 600 euros al cierre del local. Esta semana, el Ayuntamiento de Gijón anunciaba una experiencia piloto para autorizar actuaciones en locales y en la calle bajo determinadas condiciones acordes con la normativa vigente.

En la interpretación de esas normas y en su posible reformulación ven algunos de los agentes implicados la raíz del asunto. Así el cantautor Pablo Moro, miembro de la plataforma ‘Músicos y Músicas d’Uviéu’, pone el dedo en la redacción del Decreto 91/2004 que fija el catálogo de espectáculos y espacios donde se pueden celebrar: «Al referirse a locales para conciertos se dejó fuera a los bares con licencia de música amplificada, con lo cual se da la situación absurda de que se puede emitir esta hasta los 90 decibelios, pero no tocarla en vivo aunque no superes ese nivel». El colectivo al que pertenece el artista propuso en su día un cambio en el texto: «Sería sencillo, apenas tres palabras, añadiendo a ‘música grabada’ simplemente ‘o en vivo’, y manteniendo que no se supere los topes permitidos», explica Moro.

Esa posible enmienda, sin embargo, no parece tan sencilla de resolverse. La plataforma ovetense logró reunir más de 15.000 firmas suscribiendo esta petición y el apoyo de colectivos como el de Jóvenes Abogados de la ciudad, profesores de conservatorio e incluso grupos de vecinos, además del respaldo de concejales del equipo de gobierno. Hubo reuniones con los responsables de la administración autonómica y llegó a votarse en la Junta General una propuesta al respecto, que no prosperó. Moro atribuye el fracaso de estas iniciativas a «una falta de voluntad» por parte de quienes pueden acometerlas y que él atribuye a la existencia de «temores a que otros grupos se les echen en contra, sin plantearse si lo que estamos pidiendo está bien o mal». El argumento esgrimido para oponerse al cambio normativo fue el de lograr antes un consenso: «Lo hubo de muchos sectores, pero precisamente los políticos deben intervenir cuando hay disenso, ahí deben tomar decisiones», razona el músico.

El recelo de los vecinos hacia las posibles molestias que podría causar una ampliación de locales con música en vivo es comprendido por músicos y hosteleros, aunque no debería llevar al conflicto. De esta manera opina otra música del colectivo ovetense, Silvia Fernández: «No pretendemos una guerra vecinal, deseamos la convivencia, tocar a los mismos decibelios que la música grabada, no queremos montar un Woodstock en cada bar. Eso es lo que debe saber la gente», afirma. La componente del dúo Silbidos y Gemidos defiende la adecuación de los conciertos a horarios «razonables», algo en lo que –sostiene– los músicos son los primeros interesados: «¿Crees que me gusta llegar a casa a las tantas después de tocar?». Por eso considera «lógico que se multe a un vecino que tira de taladro de madrugada, pero no que se persiga un concierto en un bar a las cinco de la tarde».

De la misma opinión es Pablo Fernández, uno de los responsables de la sala La Lata de Zinc, que cuenta con licencia de café-teatro y está situada en una zona no residencial: «No tenemos ese problema, pero sí considero que debería haber facilidades para que un local acondicionado y a ciertas horas pudiese hacer conciertos. A veces una obra causa más ruido que un grupo tocando», sostiene. Y, aunque consciente de que «la convivencia siempre es complicada», cree que «cuantos más bares con música en vivo, mejor para todos, porque ahí se forja una escena local. No todos los grupos tienen acceso a las salas consolidadas».

David Cuerdo codirige una de esas salas de Oviedo, La Salvaje, con una amplia programación y licencia para el directo, en la que también ofrecen su espacio para conciertos acústicos: «Estamos al margen del conflicto, aunque creo que debería regularizarse y consensuarse la posibilidad de actuaciones en ese formato y en horarios razonables para locales adecuados». Y considera «un error que se siga viendo como una actividad molesta y que no crea ciudad. Una agenda musical cuidada es un motor para cualquier ciudad y, para que haya esa primera división, debe existir un tejido de base como los bares», argumenta.

El bar, el garito como vivero de una escena y ‘tajo’ también está en la mente del cantante Toli Morilla: «Creo en la cultura desde abajo, en que los artistas puedan manifestarse y desarrollarse. Tienen que disponer de un espacio donde tocar y ejercer su trabajo». Y el límite para ejercer esa actividad lo sitúa en «no molestar a nadie y en el respeto mutuo». Iniciativas como la del Consistorio gijonés le parecen «un parche. No dudo sus buenas intenciones, pero se mezclan temas como el de los artistas callejeros con las necesidades de los profesionales y de los locales. Es temporal y poco puede hacer frente a la legislación autonómica», opina. A juicio del músico gijonés, eso no debería implicar tampoco «perseguir la libertad de expresión como ocurre ahora. No se pueden poner puertas al campo y hay que regular con sentido común».

Sentido común es una expresión en la que coinciden la mayoría de los entrevistados. A él apela Marino González, promotor musical de Two Monkeys y cogestor de la sala gijonesa Memphis: «Nuestra sala tiene licencia para conciertos y cumple la normativa. ¿Se puede ser más flexible?, claro. En la ciudad hay bares que hacen conciertos respetando el entorno y los vecinos. Si es así, lo vería bien, dinamizaría la escena local, la propia hostelería, etcétera», plantea este empresario, aunque también expresa sus reservas a una posible reformulación de la ley actual: «¿Podría hacerse en todos los bares? Siempre habría locales que quedarían excluidos por no reunir condiciones y ampliarlo a todos sería abrir una puerta muy grande, no exenta de riesgos», reflexiona.

Javi Egocheaga, propietario de otra sala de conciertos en Gijón, el Savoy, atesora una larga experiencia en apostar por la música en vivo y, a pesar de que su bar tiene licencia de café-teatro y reúne todas las condiciones, cree que es una actividad «en la que siempre estás con la espalda abierta ante los vecinos, aunque en nuestro caso hay una buena relación, pero siempre puede dejarse alguien la puerta abierta en un concierto o formarse ‘xaréu’ en la calle entre los que salen a fumar». En esas circunstancias, «tienes todas las de perder, porque prima la molestia al vecino». El dueño del Savoy piensa que no ocurre así en todas las actividades hosteleras: «Una sidrería puede generar molestias, pero parece que no hay tanto problema. Ahora, cuando hablamos de música rock, entran en juego otras sensibilidades».

Una opinión similar la comparte Ramón García, del Café Trisquel: «La música en vivo está demonizada, como si solo causase ruido y jaleos, cuando el ambiente nocivo está en otros sitios de ocio donde sí se producen problemas», se queja.

En ese sentido, valora «muy positivamente» la iniciativa anunciada por Gijón para permitir conciertos de pequeño formato y en ciertos horarios: «Es un paso adelante por el que felicito a quienes trabajaron por él y creo que servirá para mejorar las cosas» admite. Precisa: «Este Ayuntamiento no suele actuar motu proprio contra los bares, solo si hay denuncia» y cree que ya solo faltaría una flexibilización de la actual normativa autonómica «para garantizar la tolerancia». En Avilés, el Consistorio tampoco parece acosar a los bares con música en directo: «Somos varios locales programándola habitualmente y por suerte el ayuntamiento no nos persigue, aunque siempre estás expuesto a ser denunciado», cuenta Juan Arias, del bar Le Mystc, para quien «la ley actual debe cambiarse. No tiene sentido que puedas poner el disco de un artista y que este no pueda tocar al mismo volumen. Es ridículo».

Alguien que ha seguido de cerca el conflicto y se ha implicado en conseguir una postura unitaria de los artistas asturianos ante este y otros retos que les afectan, el guitarrista gijonés Rafa Kas, se muestra escéptico ante una solución: «Creo que no fuimos eficaces al sentarnos con los políticos y no vamos todos en la misma dirección, algo que va con la idiosincrasia del oficio. Veo la cosa enquistada».

Pese a su diagnóstico pesimista, el músico tiene claro que el problema es más amplio y afecta a las mismas condiciones de la profesión: «En cuanto a los locales, debería equipararse la legislación a la europea. Si se puede poner música en lata a 90 decibelios, debe permitirse que haya un espectáculo si no los supera y, en segundo lugar, debe buscarse la regulación de toda nuestra actividad, legalizarla para acabar con una situación que no nos interesa ni a nosotros ni a los hosteleros».

La disminución del IVA cultural y las relaciones del sector con la SGAE serían los otros puntales para dignificar el trabajo de estos artistas en opinión de Rafa Kas, para quien «el tema de los garitos solo es parte de una montaña enorme con la que nos enfrentamos a diario los músicos». Otra realidad, más allá del ruido.