La FSA descarta la oficialidad esta legislatura y la incluirá en su programa electoral de 2019

Pocos debates son tan sensibles como el de la oficialidad. En esta ocasión coinciden varios elementos jugosos. Por un lado, un giro en la posición tradicional del PSOE, renuente a esta medida, después de que el congreso que proclamó a Barbón en sustitución de Javier Fernández diese su visto bueno al máximo reconocimiento legal para el asturiano. Por otro, la existencia de un Gobierno, con Fernández al frente, que mantiene intacto ese rechazo. Y, también, la ventana de oportunidad que se abre para IU, histórica defensora de la oficialidad, y también para Podemos, para sacar adelante su planteamiento.

El borrador que IU ha llevado a la comisión parlamentaria del asturiano aboga por afrontar «en el plazo más breve posible» una reforma estatutaria que incluya la oficialidad. Esa expectativa, para los más optimistas, supondría encarar ese proceso esta legislatura, algo que necesitaría del concurso del PSOE. Pero los socialistas no quieren correr tanto.

El criterio del PSOE es el ya expresado por Barbón. Supone asumir el mandato del congreso de abrir el camino hacia la oficialidad, objetivo que quedará reflejado en el programa electoral de 2019. A partir de ahí, se considera que abrir el melón de la reforma estatutaria, y por tanto de la oficialidad, con tanta premura sería ir demasiado lejos. Es un debate, se razona, a abordar con calma, sin prisas.

De hecho, la posición del PSOE se decanta por aguardar al proceso de revisión del estado autonómico que comenzará en breve en el Congreso y que debería conducir a una reforma constitucional antes de abrir el debate estatutario en Asturias. Entre otras cosas, porque eso permitiría, llegado el caso, aprovechar el momento para contemplar otros cambios en el Estatuto y no únicamente la oficialidad.

Los socialistas quieren medir bien sus pasos. Su discurso es el de una oficialidad 'a la asturiana', acorde a la realidad lingüística de la comunidad, «sin imposiciones, voluntaria». Una oficialidad que no tome como modelo a nadie y que siga su propio recorrido.

La FSA tiene que maniobrar con cautela porque sabe del veto del Ejecutivo a la oficialidad y no quiere una guerra. El Gobierno no cede un milímetro y su portavoz, Guillermo Martínez, recalcó ayer que la postura del gabinete, a favor de la promoción y protección de la llingua pero sin ir más allá, es «clara y nítida, pública y conocida». De hecho, hubo incluso un toque de atención al responsable de Educación, Genaro Alonso, que el día anterior había apuntado que el modelo que más conviene a una lengua es la oficialidad. «Lo relevante es su posición como consejero, no como filólogo», dijo, rotundo, Martínez.

Todos estos condicionantes marcan el terreno de juego del diálogo político, que ya ha comenzado con contactos de IU con el PSOE y el Gobierno. La coalición sabe que está ante una oportunidad histórica de conseguir su objetivo pero es también consciente de que no puede pisar en exceso el acelerador si no quiere provocar una brecha en el necesario aliado socialista. Así, sus responsables están dispuestos a ser flexibles con los plazos, no haciendo de la aprobación inmediata de la oficialidad una línea roja, a cambio de compromisos claros y de que se darán desde ya pasos firmes para conseguir ese fin. La hipótesis de aguardar a la reforma constitucional se rechaza frontalmente.

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, tildó de «xenófobas y coincidentes con la extrema derecha» las declaraciones de la presidenta del PP, Mercedes Fernández, en las que decía que ella habla más asturiano que Llamazares, «que es de Logroño».