La legislación sobre drones sigue en el aire

Cualquiera puede ir a una tienda, comprarse un dron y ponerse a manejarlo. En realidad, no hay ninguna restricción sobre su compra y la normativa por la que se rige su uso, además de ser provisional, no siempre es tan clara como debería. Así lo creen tanto Joaquín Muñoz, abogado especializado en tecnología, como Pelayo Álvarez, fundador de la Asociación de Operadores de Drones de Asturias y de la empresa SkyTools Drones, una de las 51 autorizadas en Asturias para utilizar este tipo de naves no tripuladas con usos profesionales. Entre todas ellas suman unos 80 aparatos de este tipo, y los principales usos que se les dan son el de «fotografía aérea y vídeo aéreo, tanto en eventos como en competiciones deportivas o usos publicitarios, así como topografía aérea», explicaba Álvarez ayer en el Espacio Circus de Oviedo, donde participó junto a Joaquín Muñoz en una charla informativa organizada por Legal Hackers Asturias.

El resto de aparatos voladores no tripulados -se calcula que entre 400 o 500 en Asturias, aunque su venta va en aumento- estarían entonces destinados a un uso recreativo, y es ahí donde, al parecer, la legislación no es muy clara. Porque mientras que para hacer un uso profesional es necesario darse de alta como operador, pagar un seguro de responsabilidad civil -con cobertura de 300.000 euros en aparatos de hasta dos kilos de peso, y de 600.000 en los que los superen-, y que quien lo maneje sea un piloto autorizado, en el caso del uso recreativo podría decirse que hay barra libre. Aunque haya que respetar una legislación provisional que restringe su uso, lo cierto es que apenas existen controles para comprobar que se les da el uso correcto.

Porque para volar un dron en ningún caso se puede escoger un lugar poblado o cualquier otro en el que se ponga en peligro la integridad física de alguien o en riesgo sus bienes. Esto es, solo se podrían utilizar en zonas habilitada para ello o zonas despobladas. Por supuesto, no se puede volar por encima de multitudes, como manifestaciones o competiciones deportivas. Ni de bodas. «A veces llega el típico amigo del novio con un dron a sacar fotos», apuntaba entre risas Álvarez. Algo que dificulta el uso profesional por parte de las empresas autorizadas. «En teoría, no se puede volar por encima de una playa, aunque haya poca gente. Nosotros consideramos que no es peligroso, pero no se puede. Ni tampoco volar por encima de competiciones deportivas, manifestaciones, etcétera», recordaba Álvarez, quien detallaba los posibles usos futuros de estas aeronaves: «Inspección industrial, porque el trabajo que un operario haría en varios días puede hacerlo un dron con una cámara en una mañana, revisando factorías, por ejemplo; también en rescates de montaña con cámaras termográficas. Mientras sale el helicóptero de rescate, se pueden enviar cinco o seis drones a buscar a la persona herida o desparecida; y también en agricultura, en fumigación, por ejemplo». Sin contar el uso militar, para el que nacieron.

Sin embargo, todo tiene su riesgo. Joaquín Muñoz recuerda que «cuando uno compra un dron, no hay registro alguno del titular para tenerlo controlado ante posibles usos fraudulentos». Aquí no solo entran en juego las irresponsabilidades -como que alguien lo vuele en un parque y le pegue en la cabeza a alguien con él-, sino temás más delicados como el terrorismo. Algunos de ellos ya han llegado a la Casa Blanca, y uno aterrizó ante Angela Merkel hace unos meses en un acto público, sin consecuencias. Además, la legislación actual -«y no se espera que la definitiva esté lista hasta finales de 2018», explicaba Muñoz- deja muchas cosas en el aire. Por ejemplo, su uso en recintos cerrados. «Por raro que pueda parecer, es legal, porque no se usa el espacio aéreo, así que aquí sí se puede volar sobre multitudes. La responsabilidad de lo que pase es de la organización del evento», explicaba el abogado.