«Avilés es una olvidada de la justicia asturiana»

Sorpresa relativa entre los sindicatos. Que el Ministerio de Justicia siga ignorando la petición del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) de crear un octavo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Avilés entra dentro de una normalidad que hastía y revuelve a partes iguales porque «Avilés es una olvidada dentro de la justicia asturiana», tal como subrayó ayer Jesús Postigo, secretario nacional de SPJ-USO.

A Postigo, el anuncio del presidente del TSJA, Ignacio Vidau, que el lunes confesó su sorpresa por la concesión del juzgado de primera instancia e instrucción número doce a Gijón, que no había sido pedido, y no el octavo para Avilés, no le extrañó. Subrayó que «sin ver ningún agravio comparativo», la creación de un nuevo juzgado redundaría en una mejor prestación del servicio, defensa que suscriben STAJ, CSIF y Comisiones Obreras, los sindicatos que ayer atendieron las preguntas de este periódico.

«Desde el STAJ llevamos un montón de años pidiendo este órgano para conseguir la división de las jurisdicciones», explicó Juana Prendes. «Sabemos que el ministerio llegó a estudiar la posibilidad, pero luego tiene que ser el gobierno el que la apruebe» y ese paso nunca se ha dado. Prendes defendió el número doce para Gijón, que entrará en funcionamiento a final de año y que considera «justificado por la carga de trabajo» que maneja el resto. Asimismo, reclamó un nuevo juzgado de violencia de género para esta ciudad porque el existente «está a tope», aparte de contar con tres funcionarios menos que el resto.

Cristina Esteban, representante de CSIF, el segundo con mayor número de delegados en Avilés por detrás de STAJ (cinco y siete, respectivamente), recuerda que «llevamos años esperando por ese octavo juzgado». Haciendo memoria, recuerda haber abordado el tema en 2009, en un primer grupo de trabajo de la Oficina Judicial. «No sabemos por qué está paralizado», remarca. Esteban asegura que «hay cosas que van más allá de la estadística» y, en este caso, un octavo juzgado supondría «la separación de las jurisdicciones civil y penal, lo que supondría más eficacia y especialización no solo de los funcionarios, sino también del propio juez». La sindicalista incidió en otro de los beneficios de esta división: «la facilidad para cubrir las bajas laborales». «Pero les da igual» y a los sindicatos poco más que les queda la opción del pataleo. «Nosotros enviamos las necesidades que detectamos al TSJA y, como mucho, podemos insistir e insistir, pero no somos el interlocutor del Ministerio», se lamenta.

Postigo, que añade que la experiencia demuestra que los juzgados con división de jurisdicciones «suelen ir mejor», no deja pasar tampoco el estado del edificio avilesino. «Los expedientes se acumulan en los poyetes de las ventanas, en la parte más antigua del inmueble hay filtraciones de agua, grietas en la parte superior y el aparcamiento está infrautilizado», enumera.

En la misma línea, Juanjo Azcano, coordinador de Justicia de Comisiones Obreras en Asturias, comparte su incomprensión por este nuevo olvido del ministerio. «Creemos necesario la creación de un juzgado de lo penal, que son los que mayor carga han registrado en los últimos dos años. Nunca hemos entendido en qué se basa el ministerio sus decisiones porque las estadísticas y las memorias judiciales están ahí». Sobre su capacidad de actuación, Azcano ironizó. «¡Ya se ve el caso que le hace al propio TSJA, como para que nos lo haga a nosotros!».

Según la memoria autonómica del año 2017 trasladada a los medios de comunicación, los siete juzgados primera instancia e instrucción avilesinos registraron 8.076 asuntos civiles, incluidos los asuntos de familia (cerca de mil), las ejecuciones y las notificaciones que, mayoritariamente, se rebotan a un servicio específico. El número 'real' de asuntos registrados rondaría, al igual que en 2016, los 3.000. Se dictaron el año pasado 1.767 sentencias, lo que representa un incremento del 23,74% respecto al año anterior. En cuanto a los penales sí se repitió un número muy similar al de 2016, con 6.766 asuntos en 2017. Se dictaron 1.336 sentencias y 4.148 autos.

En esos ocho mil asuntos civiles gestionados por los juzgados de instrucción se incluyeron 948 asuntos de familia. En 2017 se registraron 333 solicitudes de demanda de divorcio, de las que 218 fueron consensuadas y 115 no. El número de separaciones bajó hasta las 15 de mutuo acuerdo y cuatro contenciosas.

El Juzgado de Instrucción Número 5, especializado en asuntos de violencia sobre la mujer, abrió cerca de doscientas diligencias previas, de los que 120 fueron urgentes. Concedió 66 y denegó 24 de las 90 órdenes de protección solicitadas. En un total de 123 casos hubo un autor conocido. De las diligencias urgentes, 26 juicios se elevaron a los juzgados de lo penal mientras que en 34 se alcanzó una conformidad y 61 no continuaron.