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RUTH ARIAS
Jueves, 28 de abril 2016, 04:54
El grupo sevillano RMD Seguridad debería haberse hecho cargo del servicio de vigilancia del Área Sanitaria III a partir del pasado 18 de abril. Esa era la fecha prometida por el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, y en la que todo indicaba que debería haberse iniciado el contrato anual. Sin embargo, no ha sido así. Problemas burocráticos han impedido que esta empresa de seguridad haya podido entrar en el hospital y la adjudicataria del contrato puente, Prosetecnisa, aún sigue prestando sus servicios en el hospital, los centros de salud y la UTT de Llanoponte.
El problema, con el que nadie había contado, es que hay que cumplir un plazo de presentación de alegaciones, y eso ha provocado una demora de dos semanas. Los vigilantes esperan que el cambio de empresa se realice este domingo día 1 y, de hecho, ya han recibido una carta de Prosetecnisa comunicando el fin del contrato. Ocurre, sin embargo, que no tienen noticias de la nueva firma ni les ha sido entregado aún el material ni los uniformes de trabajo. «Confiamos en que todo salga bien», dice el portavoz del colectivo, José Iglesias, que espera que no haya nuevos problemas después de haber dado por superados después de haber pasado por más de tres meses de huelga, acampados en el hospital, y con el cobro de varias nóminas pendiente.
Absueltos
Ayer además se hizo pública la sentencia del juicio por los altercados ocurridos en Nochevieja entre dos de los vigilantes del San Agustín y los que fueron contratados para reforzar el servicio en esa noche en la que toda la plantilla se encontraba de baja laboral. El juez desestima la demanda interpuesta por los trabajadores de Prosetecnisa y los vigilantes del San Agustín quedan así absueltos, aunque aún cabe recurso.
El juicio se celebró en Avilés el pasado 13 de abril y ninguno de los demandantes compareció para respaldar su versión de los hechos, ni los empleados que esa noche prestaron sus servicios ni el responsable de la empresa. La noche del 31 de diciembre la anterior adjudicataria ya se había declarado en preconcurso de acreedores y los trece vigilantes acumulaban ya dos nóminas de retraso. La totalidad de la plantilla se encontraba de baja laboral y el Servicio de Salud decidió contratar a otra empresa, produciéndose un incidente entre ambos grupos que se saldó con una denuncia que, finalmente, no ha prosperado.
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