Crece el malestar en el entorno portuario por las amenazas del Principado

El elevado tono de las advertencias que lanza al aire la Consejería de Medio Ambiente está provocando un creciente malestar entre los operadores portuarios, situados en el centro de un grave problema, el de la contaminación ambiental en el entorno, del que no se sienten los principales causantes. «Nuestra actividad no genera ni el 10% de las emisiones que se registran en la zona, y se están dando pasos muy importantes para reducir el impacto. Como sigan así los tráficos se van a resentir, si es que no lo han hecho ya», manifestó a este periódico un importante operador, cuya identidad se omite por petición expresa.

La propia consejera, Belén Fernández, cifró recientemente en quince millones de euros las inversiones realizadas en los últimos tiempos o actualmente en ejecución con el fin de amortiguar el impacto ambiental. Quizá hasta se quedó corta. Solamente la nave construida por Asturiana de Zinc para almacenar blenda y la cinta transportadora capotada asociada tuvo un coste de once millones de euros, y la empresa ha solicitado autorización para construir una segunda de mayores dimensiones.

García Munté Energía, empresa que el año pasado inició actividad en Avilés, fundamentalmente de importación y en menor medida de exportación de carbón, antracita, hulla y coque de petróleo, afirma que el 40% los cinco millones de euros de inversión que realizará en una primera fase se reserva a medidas de protección medio ambiental, desde un muro perimetral rematado por una pantalla cortavientos hasta una red de recogida de pluviales, balsas de decantación, cintas capotadas, tolvas ecológicas, cañones nebulizadores y lava-rruedas.

La apuesta de la propia Autoridad Portuaria también es incuestionable. «Nuestro compromiso es firme, pero necesita tiempo. Las cosas no se pueden hacerse de un día para otro», ha dicho en reiteradas ocasiones su presidente, Santiago Rodríguez Vega, palabras avaladas por hechos tangibles.

En el marco del plan 2014-18 se han instalado pantallas separadoras porosas, una de ellas móvil, con un coste de 267.529 euros, y de hormigón, cañones de riego, equipos nebulizadores automatizados y lavarruedas, así como adoptado protocolos de operativa desatinados a reducir la emisión de partículas. El montante de las inversiones en materia medio ambiental previstas para 2016 se eleva a 400.000 euros que se suman a los 1,68 ejecutados a lo largo de 2014 y 2015, cantidad equivalente al desembolso realizado entre 2000 y 2013, 1.760.576 euros.

La propia Consejera de Medio Ambiente, Belén Fernández, manifestó en una visita realizada al puerto el pasado enero que si bien los registros de PM10 de la estación del matadero siguen siendo «altamente insatisfactorios», los datos globales de 2015 «constatan una mejoría sensible. De 89 días de superación en 2014 pasamos a 51, y la media anual en microgramos ha sido un 14% inferior. Es un hecho alentador que indica que las medidas están teniendo eficacia», dijo entonces.

Incomprensión

El pasado sábado la Consejería se descolgó con unas declaraciones que el entorno portuario no termina de comprender. Anunció sanciones a empresas por lo que calificó de «prácticas inadecuadas o deficientes en la gestión de graneles» y señaló a la Autoridad Portuaria, emplazándola a que realice «un seguimiento más exhaustivo de la actividad y se adopten las medidas necesarias para evitar las emisiones de partículas en las operaciones con graneles». Con tal fin anunció una reunión «en la que se exigirán explicaciones al Puerto y actuaciones para evitar que estos problemas se repitan».

La reunión se celebró ayer y a su término la Consejería rebajó notablemente su tono. «Fue una reunión de trabajo más en la que se acordó intensificar la información en la dos direcciones y se resaltó la importancia de adelantar en la medida posible las inversiones previstas», dijo una portavoz, que anunció que en fechas próximas se mantendrán nuevas reuniones con el puerto y con empresas operadoras.

Medio Ambiente también anunció que se ha abierto un expediente sancionador a la empresa Chemastur «por incumplimiento de la autorización ambiental integrada» y que la empresa ya ha presentado alegaciones.