Medio Ambiente reduce los problemas de contaminación a la zona portuaria

La consejera de Medio Ambiente, Belén Fernández, redujo ayer los problemas de contaminación de Avilés a la zona portuaria. Lo hizo en su respuesta a la interpelación en la Junta General del Principado, anunciada un día antes, por el diputado de Izquierda Unida Ovidio Zapico sobre la contaminación en la comarca avilesina. Según indicó la consejera, el problema de la calidad del aire se circunscribe fundamentalmente a la estación medidora de Las Arobias, en cuyo entorno viven alrededor de un millar de personas.

Al respecto recordó la puesta en marcha este año de un plan contra la contaminación con quince medidas que, en opinión de la consejera, «está dando resultados positivos» y ha permitido mejorar progresivamente los indicadores de contaminación en la ciudad. El plan seguirá vigente hasta finales de este año y Belén Fernández anunció que será posteriormente cuando se realice la revisión de los resultados y se establecerá el nivel de ejecución y si son necesarias nuevas medidas.

En todo caso, insistió en que los datos de mediciones de la calidad del aire en la zona son «alentadores y positivos» y afirmó que «van mejorando progresivamente».

Aún así, aseguró que el Principado no está satisfecho e incluso no lo estaría si se cumpliese la normativa en cuanto a calidad del aire, pero llamó a la serenidad diciendo que «hay que tener ambición, pero no caer en la demagogia, ni tampoco en pretensiones que no se pueden cumplir», en alusión al hecho de la alta concentración de industrias en la comarca y el puerto que hace imposible evitar la contaminación.

Por su parte, el diputado de IU Ovidio Zapico insistió en que «el problema sigue ahí», y consideró que el plan que se ha puesto en marcha por el Principado en colaboración con el Ayuntamiento y otras instituciones «es insuficiente a todas luces», algo que a su juicio demuestran los datos de las estaciones de medición de la contaminación del aire «que saltan día a día». Zapico reclamó más controles, una mayor vigilancia y también sanciones disuasorias a las industrias cuando incumplan la legislación en materia medioambiental.