El Supremo investigará al presidente cántabro en el caso Aquagest

El Tribunal Superior de Justicia cántabro (TSJC) ha decidido dejar en manos del Supremo la investigación sobre la estancia del presidente de Cantabria, Juan Ignacio Diego Palacios, y el consejero de Obras Públicas, Francisco Javier Rodríguez Argüeso, en el balneario de las Caldas, una estancia pagada por la empresa Aquagest. La jueza que investiga el caso en Avilés, la magistrada titular del número 3, había elevado al TSJ cántabro la instrucción, dada la condición de aforados del presidente y el consejero. Pero, al mismo tiempo, el Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, donde se inició la investigación, remitía la causa al Supremo.

Ahora, según se supo ayer, la Sala de lo Civil y Penal del TSJC decide elevar la causa al Supremo, ya que entiende que se trata de los mismos hechos y «por tanto la identidad de los hechos sobre los que se están tramitando distintas diligencias exigen su resolución en un mismo procedimiento». En cuanto a la competencia del TSJ de Cantabria, la Sala resuelve que «el supuesto remitido por el Juzgado de Avilés, al igual que el investigado por Lugo, se refieren a un supuesto delito de cohecho que se habría cometido en Asturias, es decir, fuera del territorio de Cantabria», razón por la que no es competencia del Tribunal Superior de Justicia.

Según se explica en el auto, los hechos ocurrieron en agosto de 2010, cuando Juan Ignacio Diego y Francisco Javier Rodríguez eran diputados de la oposición y, por tanto, aforados, lo que conllevaría que la investigación la tuviera que realizar el Tribunal Superior de Justicia. Pero la magistrada Paz Hidalgo, que fue designada para estudiar la providencia remitida por el Juzgado de Avilés, matiza que en este caso los hechos investigados se refieren a un supuesto delito de cohecho que se habría cometido fuera de Cantabria y, por tanto, la competencia reside en el Tribunal Supremo. Para sostener su tesis se remite al Estatuto de Autonomía de Cantabria, que establece que «la decisión sobre la inculpación, prisión, procesamiento y juicio» del presidente de la comunidad y los demás miembros del Gobierno en relación a presuntos actos delictivos compete al TSJC si se hubieran cometido en la región y al Supremo si ocurrieran fuera.

Defensa

El presidente de Cantabria ha rechazado siempre la acusación de cohecho, la última vez el pasado día 9 en una comparecencia parlamentaria. Juan Ignacio Diego Palacios aseguró que ya había estado en varias ocasiones en Las Caldas -pagando la estancia de su bolsillo-, y que él mismo había hecho la reserva para aquel viaje unos días antes.

No habría sido hasta el último día de su estancia en el balneario, cuando se encontró con Henry Laíño, entonces director de Aquagest para la zona norte, al que conocía «de mi círculo de amistades». Tras charlar un rato tras el desayuno, se despidieron. «Al salir del hotel, al tratar de pagar, en recepción nos dicen que la factura estaba abonada por Henry Laíño sin nuestro conocimiento y sin nuestro consentimiento», insistió.

Diego también insistió en desvincular ese regalo y su acción política de cualquier contrato logrado por Aquagest, ni siquiera en Astillero, localidad de la que fue alcalde y en la que una filial de la empresa se hizo con la gestión del agua cuando el presidente de Cantabria era concejal en la oposición en ese Ayuntamiento.

La instrucción del denominado caso Aquagest continúa en el Juzgado de Instrucción número 3 de Avilés. La investigación se inició hace ya casi dos años, tras remitir el juzgado de Lugo que investiga la denominada 'Operación Pokemon' una pieza separada en la que el epicentro sería la gestión de las piscinas de Las Vegas y en la que estarían como principales imputados los hermanos Miguel Ángel y Elena Villalba, el primero presidente y concejal de la agrupación independiente ASIA en Avilés.

La jueza ha encargado informes sobre la contratación de Aquagest en otros concejos asturianos. Hasta el momento se mantienen las imputaciones por las supuestas irregularidades en la gestión de la piscina de Corvera hechas ya en marzo de 2013, pero en este tiempo se han añadido algunas más que no tienen que ver con esta primera investigación hasta llegar a los 19 imputados actuales. Las últimas han sido las de del alcalde de Coaña, Salvador Méndez y cuatro ediles más de ese ayuntamiento y uno de Navia; el que fuera secretario de Comunicación del PP y presidente de este partido en San Martín del Rey Aurelio, Joaquín Fernández, ya imputado en el caso Pokemon y exdirector general de Administración Local, Francisco José Balmori Poo.