La jueza del caso Aquagest imputa a ocho políticos que tendrán que declarar en febrero

El conocido como caso Aquagest sumó ayer ocho imputados más, según se recoge en la providencia firmada por la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Avilés, Elena González Álvarez. En ella fija sus declaraciones para febrero del próximo año. Con esta decisión, el caso suma ya 19 personas y una empresa imputadas en las investigaciones sobre diferentes delitos, principalmente estafa y cohecho.

En la providencia, la jueza también se refiere al presidente de Cantabria, el popular Juan Ignacio Diego Palacios, y su consejero de Obras Públicas, Francisco Javier Rodríguez Argüeso. Los dos políticos tienen condición de aforados, por lo que el juzgado avilesina se inhibe en favor del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que deberá asumir la investigación.

De los ocho imputados ayer, siete pertenecen al Partido Popular. En concreto se trata del alcalde de Coaña, Salvador Méndez; Rosa González Fernández, teniente de alcalde en Coaña; además de tres ediles de ese ayuntamiento: María Rosa Suárez Peláez, José Ramón Pérez García, María Isabel Prieto Cigarrán. A ellos se suma Roberto Santiago Fernández, concejal del PP en el Ayuntamiento de Navia, donde también preside su junta local.

La juez también imputa al que fuera secretario de Comunicación del Partido Popular y presidente del PP en San Martín del Rey Aurelio, Joaquín Fernández. Éste aparece imputado ya en el caso Pokemón y es una de las piezas centrales en la actual investigación. Las imputaciones se completan con el que fuera concejal del PSOE en Llanes y director general de Administración Local en el actual gobierno regional, Francisco José Balmori Poo, que presentó su dimisión después de que LA VOZ DE AVILÉS publicase que se investigaba su relación con la empresa de aguas y una estancia en el balneario de Las Caldas.

Viaje a La Coruña

Uno de los elementos principales de esta pieza de la investigación es la estancia durante un fin de semana del alcalde de Coaña y sus concejales en La Coruña. Para el Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Brigada Provincial de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía se trata de una estrategia establecida por responsables de Aquagest para conseguir contratos con las administraciones locales. Sin embargo, las declaraciones ante la Policía Nacional tanto del alcalde de Coaña como el resto de ediles populares, a las que ha tenido acceso este periódico, ofrecen un cuadro distinto. Roberto Santiago y Joaquín Fernández se atribuyen entre ellos la iniciativa de organizar el viaje de fin de semana de los afiliados populares.

Según Santiago, para financiarlo, se acordó solicitar 50 euros a los participantes, mientras que el resto sería asumido por el Partido Popular. Roberto Santiago aseguró ante la Policía Nacional que formuló este planteamiento ante Joaquín Fernández que, como responsable de Comunicación del PP, lo aceptó. La versión de Fernández ante la Policía Nacional es diferente. Asegura que Roberto Santiago le comunicó la idea del desplazamiento y como, inicialmente, la dirección regional del PP estaba dispuesta a asumirlo, aunque, posteriormente, rehusó la idea cuando la gente ya se había inscrito.

En ese momento, Fernández se comprometió a mediar ante la dirección regional, encontrándose con la misma negativa. Según su relato ante la Policía Nacional, «para no perder prestigio político» buscó el dinero en Aquagest, empresa en la que trabajaba, aunque les ocultó la naturaleza política del viaje, optando por presentarlo como una actividad cultural «para que no pusieran objeciones».

Finalmente, el viaje fue asumido por Aquagest. Joaquín Fernández no recordó ante la Policía la cantidad pagada, estableciéndola en unos 4.000 euros. Las investigaciones policiales localizaron un abono de 3.808 euros por ese desplazamiento.

Joaquín Fernández reconoció ante la Policía que nunca explicó a Roberto Santiago el origen del dinero, aspecto que este ratifica en su testimonio, creyendo éste que la dirección regional del PP asumió el pago. Fernández afirmó adelantar una cantidad de dinero a la agencia de viajes y que recuperó con el dinero recaudado por Roberto Santiago, 50 euros a cada excursionista. Tanto el alcalde de Coaña como sus ediles reconocen haber pagado ese dinero, desconociendo la aportación de Aquagest, empresa a la que atribuyen un viaje institucional a Barcelona. Para la Policía, todos esos viajes forman parte de la trama de Aquagest para conseguir contratos.