La Fundación del Niemeyer pide nuevas diligencias contra su anterior equipo

La Fundación del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer solicitó ayer ante el Juzgado de Instrucción Número 2 de Avilés que se realicen nuevas pruebas que permitan acreditar los supuestos delitos que habría cometido su anterior equipo gestor y que motivaron una ampliación de la denuncia, registrada el pasado miércoles, contra Marc Martí Massagué, Joan Picanyol Fuster y Natalio Grueso Rodríguez, al considerar que los dos primeros habían percibido cobros de forma irregular con la autorización del primer gerente.

Para confirmar su denuncia, desde la Fundación del Centro Cultural se solicita que Picanyol y Martí declaren como imputados para poder abordar los diferentes hechos de los que se les acusa. Además plantea que la empresa Artesanos Villafortuni confirme la emisión de facturas a la Fundación y el origen y la gestión de estos pagos. La Fundación, cuya dirección jurídica en este proceso corresponde al letrado Alejandro Riera, considera en su escrito que, de esta manera, se podría confirmar que Marc Martí percibió 9.000 euros de la Fundación utilizando como tapadera a dicha empresa, que giró facturas «que no llegó a cobrar», aunque el denunciado sí recibió el dinero.

Una buena parte de las pruebas reclamadas buscan demostrar el carácter irregular que existía en la relación entre Marc Martí y la entidad, en opinión de la Fundación. Así, en la solicitud de diligencias a la que ha tenido acceso este periódico se demanda que el denunciado presente su «libro de registro de facturas emitidas» entre 2006 y 2012, fechas en las que primero Martí prestó su actividad como profesional autónomo y posteriormente como trabajador de la Fundación. De esta manera, la entidad gestora del complejo cultural quiere demostrar que la relación mercantil no se estableció hasta «febrero de 2010, nunca antes, lo que acreditaría el indebido gasto soportado por la Fundación durante los cuatro años anteriores».

En esta línea, la acusación particular insiste cuando plantea la necesidad de conocer la vida laboral del que fuera director de producción de la Fundación del Centro Niemeyer. Con ello, se quiere conocer la fecha de su alta como autónomo y si «durante los años 2006 a 2010 trabajó como empleado por cuenta ajena para terceros, lo que supondría un plus al indebido gasto soportado por la Fundación».

Comisión de investigación

El escrito de la Fundación también demanda la necesidad de que la Junta General del Principado certifique las declaraciones en la comisión de Investigación de Marc Martí, Joan Picanyol y María José Mochales, responsable de la gestoría que, en un primer momento, asumió la contabilidad de la Fundación.

La entidad recuerda la obligación de todos los comparecientes de decir la verdad ante la Junta General, por lo que sus testimonios sobre las fechas en las que se relacionaron laboralmente con el Centro Niemeyer resultan básicos para demostrar sus acusaciones.

La formulación de la denuncia el pasado miércoles recogía diferentes declaraciones de Joan Picanyol y Marc Martí ante los parlamentarios asturianos. De esta manera, se quiere certificar la veracidad de esos documentos para evitar riesgos de impugnaciones futuras.

Dos nuevos testigos

Además, la Fundación solicita la presencia de dos nuevos testigos en la causa: Mónica Rodríguez Cañete y María José Mochales. La primera fue contratada por la Fundación para llevar su contabilidad, tarea que asumió Mochales de forma externa entre 2007 y 2010.

Cañete es la autora de un correo electrónico remitido a Natalio Grueso y que la Fundación incorporó a la ampliación de la denuncia del pasado miércoles y Mochales aparece citada en uno de los documentos aportados por la entidad en esa misma denuncia. Por ese motivo, se considera que pueden aportar información que permita aclarar los aspectos de la gestión que ahora se han puesto ante la consideración del juez.

Por último, desde la Fundación se solicita al juez que se remita la ampliación de la denuncia y toda la documentación al perito designado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria para que pueda analizarlos e incorporarlos al informe elaborado en su día por petición del juez.