La Junta General señala a Areces como máximo responsable de la gestión del Niemeyer

La Junta General del Principado de Asturias aprobó ayer con los votos de Foro, PP, IU y UPyD el resultado de año y medio de trabajo de la comisión de investigación que analizó los primeros años de gestión de la Fundación del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer. El dictamen consensuado por los cuatro grupos observa «múltiples irregularidades» que dieron lugar a un «fiasco económico y cultural» en la gestión del equipamiento, y designa como culpables de todo ello al expresidente del Principado, Vicente Álvarez Areces; la alcaldesa de Avilés, Pilar Varela; la exconsejera de Cultura, Mercedes Álvarez; el exviceconsejero Jorge Fernández León; los exdirectores generales José Luis Vega y Pedro Isidro Rodríguez; el exsecretario de la Fundación, José Luis Rebollo, y al exdirector general de la entidad Natalio Grueso.

El portavoz del PSOE, Fernando Lastra, se quedó solo en la sesión de ayer en el rechazo a los trabajos de una comisión a la que acusó de actuar «de forma zafia y grosera, faltando al respeto a mucha gente» durante el tiempo que duró la investigación. El parlamentario socialista trató de desacreditar un dictamen que considera plagado de errores y un trabajo que «en sentido estricto, no ha descubierto nada que no estuviera ya publicado en los periódicos o que no esté ya en los juzgados por iniciativa del propio Gobierno de Asturias». Para Lastra, el dictamen aprobado ayer por el parlamento asturiano es un documento «sectario y partidista».

Sin embargo, el resto de grupos coincidió en circunscribir ese rechazo socialista al trabajo de la comisión a un mero intento de «eludir» las responsabilidades en las que, a su entender, incurrieron Álvarez Areces y el resto de altos cargos señalados en el dictamen. «Si el PSOE no depura responsabilidades, si piensa que no hay o no hubo corrupción en Asturias, si sigue sin reconocer sus errores, seguirá cayendo en el mismo error, seguirá con su ceguera», lamentó en ese punto la parlamentaria del Partido Popular, Susana López Ares, quien defendió su respaldo a unas conclusiones que, eso sí, su partido considera «de mínimos» en cuanto a las responsabilidades señaladas.

«Desahogo»

«Esto no ha sido ni un desahogo ni una cacería», argumentó, por su parte, el diputado de UPyD, Ignacio Prendes, que reconoció «errores en el trabajo de la comisión» que no «invalidan un trabajo del que deberían derivarse consecuencias».

Emilia Vázquez, de IU, abundó en esa línea al señalar que la comisión «ni juzgó, ni condenó, ni sancionó», sino que se limitó «a buscar aquellos responsables que tenían especial obligación de controlar» lo que estaba sucediendo en la Fundación. «No se ha ido a la caza ni de gobiernos ni de siglas, y eso tal vez lo sabría el PSOE a estas alturas si hubiera visto cómo ha trabajado esta comisión», indicó.

Foro, PP, IU y UPyD sumaron a todo ello las «obstrucciones» de las que responsabilizaron al actual Gobierno autonómico al trabajo de la comisión. «Se han dado trabas y retardos, y mentiras por escrito al decir que un documento no existía y luego remitirlo la misma persona», dijo López Ares. «Otros documentos ni siquiera aparecieron, como el supuesto convenio con la London School of Economics», añadió.

Todos los grupos de la oposición, en definitiva, dieron por bueno un trabajo y unas conclusiones que, entre otros aspectos, propone también medidas para evitar que se puedan repetir circunstancias similares. Entre ellas, apuntan la necesidad de aprobar una ley autonómica de fundaciones y que mejoren los mecanismos de control de estas entidades.

Patronato

En ese punto, Susana López Ares señaló cómo en el caso de «las tres presidentas que ha tenido la Fundación del Centro Niemeyer» coincidió que «eran presidentas del Patronato del Niemeyer, titulares de la consejería que otorgaba subvenciones a esa fundación, y responsables del Protectorado de Fundación que debería controlar la actividad de dicha entidad». Eran «arte y parte», remarcó.

Pero las conclusiones que Emilia Vázquez consideró una relación de «datos objetivos» más que «una suma de relatos», se quedaron incluso cortas tanto para el PP como, especialmente, para Foro.

«Hubo miedo a un documento extenso», criticó la diputada forista Carmen Fernández, que no dudó en mostrar desde la tribuna de la portada del dictamen de la comisión que investigó el caso de los ERE en Andalucía. «El que se aprueba hoy tiene 33 páginas, el de los ERE 1.593. ¿Es desproporcionado?, ¿lo consideran poco atractivo o que ha perdido la esencia?», se preguntó en alusión a los argumentos esgrimidos para rebajar el contenido y la lista de responsables de lo ocurrido en el Niemeyer.

Tras eso, la parlamentaria pasó a relatar las «omisiones» del dictamen definitivo, que Foro incluyó, eso sí, en el voto particular que, como el planteado por el PSOE, salió rechazado en la posterior votación. «Entre 2007 y 2010 y mientras se desarrollaron las obras del centro, la Fundación gastó más de 3,7 millones de euros de las arcas públicas en viajes de sus gestores y en las asistencias a Avilés de personajes vinculados al mundo hollywoodiense», apuntó Fernández.

A ello sumó aspectos como que «ni antes, ni durante, ni con posterioridad a la construcción del centro existió un proyecto cultural especificado en documento alguno, ni un plan general acreditado que concretara sus objetivos, algo completamente inaudito dada la envergadura del proyecto y los gastos que generó».

El diputado de UPyD, Ignacio Prendes, por su parte, se centró en lo que sí recoge el dictamen, y que son cuestiones como que en 2011, ante la inminente llegada al Gobierno autonómico de Foro, se propiciara «con alevosía y nocturnidad» un «cambio sustancial en los estatutos de la Fundación» que impidiera el control de la misma por parte del Principado «y nombrando como patrono honorífico a Vicente Álvarez Areces».

Emilia Vázquez, de IU, aludió también a otras cuestiones recogidas en el dictamen como que «no se aportaron las cuentas» en determinados ejercicios, «que se hacían pagos sin factura», que «no se comprobaba quién viajaba y por qué con cargo a la Fundación» o que «se justificaban fuera de plazo los gastos» que habrían de ser sufragados con cargo a subvenciones.

La cuestión, añadió Vázquez, es «dilucidar por qué se generó este agujero económico en tan poco tiempo, por qué se dio este desbarajuste contable y quiénes fueron los responsables de que se diera esa situación», añadió.

Susana López Ares abundó en esa idea al aludir a otras irregularidades, como que «haya facturas sin número o una en la que aparece 'Factura ????' por importe de 94.400 euros, algo que no he visto nunca en mi experiencia en contabilidad», indicó la también profesora titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Oviedo. «No había planes de actuación, las cuentas se incumplían, o no se aprobaban, o se aprobaban por omisión... es algo que no se entiende», añadió acerca de las cuestiones que habrían observado en la comisión.

Para Ignacio Prendes, de UPyD, la conclusión definitiva de todo lo ocurrido es que en la concepción y el desarrollo del proyecto del Niemeyer, los responsables políticos de aquel momento «nunca estuvieron movidos por el interés general, sino por el objetivo concreto de poner el equipamiento al servicio de una persona, de un partido político y de sus intereses propagandísticos».

El portavoz socialista rechazó de plano todas las conclusiones, afirmaciones y observaciones planteadas por los parlamentarios del resto de grupos a los que acusó de consensuar un dictamen «que es una chapuza integral» en la que, por ejemplo, «se atribuyen funciones a quien no las tenía» o que plantea «omisiones clamorosas» al no abordar la «corresponsabilidad de Izquierda Unida», que entonces formaba parte del Gobierno autonómico. «Si mi firma está en un acta notarial no puedo decir que soy un ingenuo, que yo no sabía nada de esto, porque eso no me exime de mi responsabilidad», indicó en alusión a la comparecencia del expatrono de la Fundación y exedil de IU en Avilés, José Fernando Díaz Rañón.

Lastra también tildó de «monsergas» cuestiones que el dictamen considera clave, como el intento de modificación del Patronato para retirar al Principado el control del mismo. «Las fundaciones no son ni públicas ni privadas, son entidades de derecho privado en las que es el Patronato toma las decisiones. Déjense de monsergas», sentenció.