El dictamen final de la comisión del Niemeyer mantiene a Areces y Varela como responsables

El expresidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, la exconsejera de Cultura, Mercedes Álvarez, y la alcaldesa de Avilés, Pilar Varela, son los tres principales responsables políticos de «las irregularidades» que se produjeron en el Niemeyer, según recoge el dictamen que ayer aprobó la comisión parlamentaria que investigó en el último año la anterior gestión del centro cultural, con los votos de todos los partidos (Foro, PP, IU y UPyD), menos el PSOE.

A ellos se suman, en el ámbito político, el exdirector de la Agencia de Proyectos Culturales, Jorge Fernández León, el exdirector general de Patrimonio Cultural, José Luis Vega, y el secretario general técnico de la Consejería de Cultura, Pedro Isidro Rodríguez. Las explicaciones que recoge el dictamen para esta inclusión, especialmente para los dos primeros, son más bien escasas, ya que se limita a apuntar que se les señala como 'culpables' «por su manifiesta negligencia y dejación de funciones en relación con el cargo que desempeñaban», sin especificar ni negligencia ni dejación de funciones alguna.

Los anteriores gestores, el director Natalio Grueso y el secretario José Luis Rebollo, completan la lista de los ocho responsables a juicio de todos los partidos, excepto el PSOE, que no aprobó el dictamen que se llevará al Pleno de la Junta General del Principado la próxima semana para su aprobación definitiva.

Entre los motivos que se argumentan para responsabilizar a Areces figuran el que fue presidente del Principado en los años de creación del Niemeyer y como tal responsable de las decisiones del consejo de Gobierno y del nombramiento de los titulares de las consejerías. Apunta el dictamen que fue «siempre» bajo su presidencia cuando se produjeron las «irregularidades» y destaca también la «especial vinculación» de Álvarez Areces a la Fundación «de la que ejerció su dirección política de forma directa, siendo el principal responsable del nombramiento y mantenimiento de su director, con el amplio grado de atribuciones y discrecionalidad que disfrutó a la hora de desarrollar el proyecto».

Se señala al expresidente también por haber sido el promotor de la Fundación «desde las primeras gestiones ante el arquitecto Oscar Niemeyer, su constitución y la aportación que comprometía el Principado en un 50%; incluyendo la firma de un protocolo con la Fundación que garantizaría por cinco años la financiación de la actividad de la entidad que gestionara el centro cultural, que en la fecha en que se anunciaba, aún carecía de proyecto definitivo».

También se le atribuye a Areces los cambios propuestos para los estatutos de la Fundación, «cambios, que además de haber sido calificados de ilegales, de los que era el principal beneficiario, ya que mantenía su vinculación y control sobre la Fundación a pesar de su cese en las responsabilidades de gobierno», al nombrar a Areces patrono vitalicio.

La responsabilidad de la que fue consejera de Cultura y presidenta del patronato de la Fundación del Niemeyer, Mercedes Álvarez, se ventila en nueve líneas y básicamente se resumen en que hizo «dejación de funciones en su doble responsabilidad de presidenta del patronato y responsable del Protectorado de Fundaciones».

«Dirección efectiva»

En cuanto a la alcaldesa, el dictamen mantiene que «ejerció durante un tiempo la dirección efectiva del patronato al producirse un vacío de poder como consecuencia del cambio de gobierno en junio de 2011» y le reprocha «su actuación bloqueando la entrada de representantes del Principado, validando unos cambios estatutarios claramente perjudiciales para el patrimonio público y confiando absolutamente en los gestores, especialmente en el director, lo que supone un comportamiento reprochable desde el ámbito de la gestión pública».

El dictamen explica por qué no se responsabiliza a otros miembros del patronato, que también intervinieron en la toma de decisiones, como por ejemplo la del cambio de los estatutos. Sin embargo, no se les señala porque Foro, PP, IU y UPyD entienden que «no desempeñaron funciones directivas, sino meramente de asesoramiento, sin que dispusiesen de poder de control sobre la actividad de la Fundación». Una opinión que parece que se basa en la propia declaración de exculpación que hizo el exconcejal de IU y exvicealcalde, Fernando Díaz Rañón, ante la comisión, donde afirmaba que «la estrategia de funcionamiento del centro nunca se decidió en el patronato y que la marcaba el director del centro que había sido propuesto por Areces».

Por lo que se refiere Natalio Grueso y José Luis Rebollo se limita a indicar que «su gestión está plagada de irregularidades, circunstancias que han determinado su salida del patronato ante el claro abuso que se ha producido en el ejercicio de sus responsabilidades y el ejercicio de acciones por parte de este patronato en defensa de los intereses públicos que le fueron encomendado y que de forma tan clara han defraudado».

Este dictamen de la comisión de investigación del Niemeyer se basa en un análisis previo de la documentación que recibió la comisión y también de las intervenciones que se produjeron ante la misma, aunque, viendo parte de lo que se recoge en este informe final tal parece que se obvian algunas de las declaraciones escuchadas entre el mes de enero y febrero en las comparecencias.

Por ejemplo, en relación al papel de Varela en la Fundación y lo sucedido entre junio y diciembre de 2011, durante el Gobierno de Foro. Dice el dictamen que el bloqueo institucional fue debido «en parte a la intransigencia de la vicepresidenta que se negó sistemáticamente a reunir al patronato para que desde la Consejería se pudiera informar de las irregularidades económicas encontradas». Sin embargo, el propio consejero de Cultura forista, Marcos Vallaure, reconoció ante la comisión que la potestad para reunir al patronato era del presidente de la Fundación, en aquel momento Manolo Díaz, y no de él ni de la alcaldesa, reconociendo expresamente que la convocatoria que él hizo del patronato «fue ilegal».

Acusación directa

También se dan por hecho «irregularidades» en relación a las facturas emitidas, cuestión que está en proceso de investigación en el juzgado de instrucción número 2 de la ciudad y sobre la que todavía ni se ha abierto juicio. Sin embargo, en cuanto a las facturas de la inauguración de la cúpula, el dictamen ya concluye que «las alteraciones fueron decisión del director de la Fundación, como ha quedado acreditado mediante correos del director de producción, solicitándolo al despacho del secretario de la Fundación, pidiendo a varios proveedores, a indicación del director, la modificación del concepto, fecha y destinatario».

Y sobre la subvenciones tanto del Ayuntamiento como del Principado insiste el dictamen en varios apartados en que no existía control, pero obvia lo explicado por varios técnicos que comparecieron ante la comisión y que dijeron que el tipo de control que se hacía es el mismo que se hace sobre todas las subvenciones nominativas, como por ejemplo sobre la que se entrega cada año a la Fundación de los Premios Príncipe de Asturias.

Por lo demás, el informe hace un relato de lo ya dicho sobre las irregularidades detectadas a posteriori en las subvenciones y también hace un balance económico de la Fundación similar al ya conocido. Apunta el dictamen que «la gestión caótica de la Fundación desde prácticamente su misma fundación con un director general que actuó con absoluta permisividad y sin freno alguno, sin someterse a las reglas de una correcta administración, con absoluto descontrol económico y presupuestario. Lo que provocó un elevado endeudamiento con acreedores comerciales que contrataron con la Fundación en el ejercicio 2011, derivando en una solicitud de concurso voluntario de acreedores».

Se culpa así de la deuda de la Fundación a los gastos realizados, pero se olvida cuestiones también escuchadas durante las comparecencias sobre el bloqueo económico y el desprestigio al que el Gobierno de Foro sometió al Niemeyer, que dejó al centro sin la aportación comprometida por patronos públicos como el Puerto y la de todos los privados menos uno. La comisión no dice nada sobre las cuentas del Niemeyer entre junio y diciembre de 2012, meses en los que gobernó Foro, ni distingue entre deudas y el importe de la devolución de las subvenciones.