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J. C. D.
OVIEDO.
Jueves, 22 de febrero 2018, 00:08
El jefe de Servicio de Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Siero, Manuel Is, acusó ayer a la empresa Gestión Nora -propietaria del edificio de El Águila Negra, de Colloto- de haber incumplido «todos los compromisos legales y contractuales» del convenio urbanístico, en relación con la parcela número 4 donde se encuentra el inmueble histórico, y con su deber de conservación. Y lo ejemplificó con un símil gastronómico: «Cogieron las lonchas de jamón y dejaron el hueso para que el Ayuntamiento cubriera ese déficit».
La sesión de ayer fue la más tensa de la vista oral que se celebra en el Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo contra los tres propietarios del edificio por un supuesto delito contra el patrimonio histórico, por el que se enfrentan a penas de un año y ocho meses de prisión. El momento más acalorado fue cuando el abogado Miguel Teijelo manifestó que el Ayuntamiento, en vez de haber ordenado una ejecución subsidiaria para conservar el edificio, «no hizo nada».
«Me parece una tomadura de pelo decir que el Ayuntamiento no hizo nada», le respondió Is. Y recordó que cuando se requirió a la propiedad en 2007 para que presentará el proyecto de ejecución de las obras de conservación del edificio, y cuando después se intentó la ejecución subsidiaria a través del Colegio de Arquitectos, la respuesta de la empresa fue «una guerra de recursos y juicios», dos peticiones de prórrogas incumplidas, una petición de declaración de ruina -para intentar que el Ayuntamiento pagara el 50% de la reforma- y nuevos recursos.
El letrado quiso saber por qué la administración local no había incoado un expediente sancionador contra la empresa. El funcionario le respondió que no hubo ocasión: «Hicimos todo lo que pudimos y lo que nos han dejado, excepto el expediente sancionador, porque sería la parte final y no la inicial del proceso».
Esa tensión entre el letrado y el testigo-perito vino precedida de varias advertencias del juez a los abogados de la defensa, en el sentido de que los aspectos contencioso-administrativos ya habían sido sentenciados por otros tribunales y que no eran objeto de este procedimiento penal. Incluso cuestionó que al letrado que figura como defensor en la causa se le hayan ido sumando en días sucesivos otros dos compañeros de bufete. Gerardo de la Iglesia replicó que representaban a los acusados y llegó a deslizar que se podría estar vulnerando el principio de contradicción con respecto al fiscal.
En la sesión de ayer declararon también la jefa de sección de Planeamiento y Gestión, Yolanda González, y Adriana Mérida, quien trabajó en el área de Urbanismo de Siero. Hoy declarará el arquitecto Alejandro Alcázar.
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