Condenan a un año de prisión a los tres propietarios de El Águila Negra

El magistrado del Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo condenó ayer a los tres socios de la empresa Gestión Nora y propietarios del edificio de la antigua fábrica de El Águila Negra, en Colloto, a sendas penas de un año de prisión como autores de un delito contra el patrimonio histórico «cometido por su comportamiento omisivo».

Además, en concepto de responsabilidad civil, les obliga a costear «las obras necesarias para lograr el adecuado mantenimiento del edificio», en los términos que determine el Servicio de Patrimonio Cultural del Principado, y declara responsable civil subsidiaria a la empresa Gestión Nora. La sentencia impone las costas procesales a los tres acusados y les inhabilita para ejercer el sufragio pasivo durante la condena, que el juez redujo en ocho meses con respecto a la petición inicial de la Fiscalía.

El fallo considera también improcedente la prescripción del delito, como solicitaba la defensa. El juez afirma que los delitos menos graves prescriben a los cinco años, no a los tres como apuntaban los letrados, aparte de que se empezaría a computar desde la última infracción y que, en esta causa concreta, se trataría de «un delito permanente» por incumplir el deber de conservar el edificio catalogado.

La sentencia se apoya en dos aseveraciones, que se repiten varias veces a lo largo de la fundamentación jurídica: que el edificio de El Águila Negra no se encontraba en ruina cuando fue adquirido por los actuales propietarios y que los condenados ignoraron su obligación de salvaguardar el inmueble, algo que a lo que les obligaba el convenio urbanístico suscrito con el Ayuntamiento de Siero en el año 2002. «Recibieron un edificio en un estado de conservación que no era ruinoso y lo han dejado hecho una ruina, susceptible de rehabilitar», afirma el juez.

Pero la afirmación más contundente del magistrado se produce a continuación: «Los acusados actuaron de forma conjunta, en unidad de acción, con propósito de causar daño, menoscabo en el edificio histórico de El Águila Negra con un nivel de protección integral». En un párrafo anterior, se indicaba que los desperfectos se habían producido por «el comportamiento inactivo y omisivo» de los propietarios.

El magistrado tacha de «parcial» el informe del arquitecto Alejandro Alcázar que aseguraba que el edificio «se encontraba devastado» cuando lo adquirió Gestión Nora. Y lo argumenta en que la propiedad «no dijo nada» al respecto al firmar el convenio. Da, en cambio, credibilidad a los testimonios de los técnicos municipales. Por último, el juez rechaza la invocación de la defensa al principio de intervención mínima del Derecho Penal, pues dice que la conducta omisiva «es de gravedad» y merece una respuesta «más severa y contundente».

El abogado Gerardo de la Iglesia, en representación del bufete De la Iglesia y Teijelo, calificó ayer la sentencia como «injusta e improcedente, porque se ha condenado a un año de prisión a unos ciudadanos inocentes» y anunció que presentará un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. El letrado aprecia «contradicciones», por ejemplo, al hablar a la vez de omisión y de dolo, y reitera que el asunto «no era materia de Derecho Penal, sino de Derecho Administrativo».