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S. R. N.
Lunes, 19 de septiembre 2016, 00:53
El letrado Miguel Teijelo, que defiende a Gestión Nora, la propietaria del edificio del Águila Negra de Colloto, adelantó ayer que recurrirá la última sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2.
El abogado indicó que el fallo de la jueza les sorprendió e incidió en que «hay una sentencia del juzgado de lo Contencioso número 6, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia, en la que se establece que Gestión Nora no está obligada a poner más cantidad que la que se determinó por entonces de cara al deber legal de conservación, supliéndose el resto por la administración».
En ese fallo de 2012, el Alto Tribunal indicaba que la propiedad debía abonar la mitad del valor del inmueble, que se cifra en 400.000 euros, el resto debía correr de mano del Consistorio. Hasta llegar a los cerca de tres millones de euros estimados para la rehabilitación del inmueble.
Por el contrario, la sentencia que recientemente se ha dictado da validez a una resolución municipal en la que se declara el incumplimiento por parte de los dueños en la conservación del edificio histórico que consta como bien protegido.
Del esplendor a la ruina
Mientras continúan los procesos judiciales, las resoluciones y los expedientes sancionadores municipales, el edificio sigue en ruinas y poblado de maleza. Una decadencia progresiva para el inmueble albergó la histórica fábrica de cervezas Águila Negra. La sociedad se constituyó el 29 de marzo de 1900 con un capital de un millón de pesetas dividido en dos mil acciones de quinientas pesetas cada una. Dos décadas después, la fábrica procesó más de 296.000 kilos de cebada y hasta 1936 la producción diaria era de 220.000 litros. Durante la guerra civil, la factoría sufrió una pequeña crisis que superó en la década de los cuarenta.
En los años ochenta, Águila Negra se convirtió en una de las cervezas nacionales con mayor aceptación en todo el país, con una producción de 62.000 litros diarios. Sin embargo, el éxito no perduró más que una década, ya que a principios de los noventa cerró sus puertas. Aunque llevaba casi veinte años sin albergar producción, el Principado decidió el 13 de febrero de 2001 proteger patrimonialmente el edificio central de la fábrica, su chimenea -con una inscripción de 1900- y unos almacenes complementarios. El tiempo corre en contra de un inmueble que supuso una referencia tanto arquitectónica como productiva en la región.
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