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EUGENIA GARCÍA
VEGADEO.
Miércoles, 30 de mayo 2018, 02:13
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Ignacio Vidau, recalcó ayer que «la solución a las reivindicaciones que jueces y fiscales planteamos está en manos del Ministerio de Justicia» e indicó que «esperamos y deseamos que el ministerio acoja nuestras peticiones». De momento, dijo, «no podemos hacer otra cosa. Si el Ministerio no atiende las reclamaciones, habrá que seguir reivindicando».
El pasado día 22, la primera huelga nacional convocada por las siete asociaciones profesionales que representan a magistrados y fiscales alcanzó un seguimiento del cien por cien de los jueces en Mieres y Siero, el 75% en Langreo y el 71% en Avilés. Entre las demandas de la judicatura están un pacto de Estado para modernizar la Justicia, eliminar una burocracia que ralentiza el trabajo, mejorar las retribuciones de jueces y fiscales y blindar la independencia del poder judicial frente a injerencias externas.
El presidente del TSJA hizo estas declaraciones en el marco del X Foro Comunicación y Escuela que organiza el Instituto Elisa y Luis Villamil de Vegadeo, donde participó en la mesa redonda 'Legalidad y legitimidad: ¿Son las leyes justas?' junto a la fiscal superior, Esther Fernández García, y el abogado de Ontier Adolfo Menéndez Menéndez. En el debate, al que asistieron los alumnos de 1º de Bachillerato, los juristas establecieron las diferencias fundamentales entre los dos términos, transmitieron a los estudiantes la importancia del respeto al Derecho e hicieron hincapié en el carácter modificable -siguiendo, eso sí, un procedimiento determinado- del ordenamiento jurídico.
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«Legalidad es una cualidad que hace referencia a aquello que se ajusta al ordenamiento jurídico vigente, mientras que legitimidad es la adecuación de la norma a ciertos criterios morales o éticos», explicó Vidau, quien aclaró que «en regímenes democráticos suelen ir de la mano, aunque la Historia contiene momentos en los que legalidad va por un lado y legitimidad por otro». El apartheid, la pena de muerte o la mutilación genital femenina son algunos de los ejemplos en los que se hace patente la importancia de matizar ambos conceptos. Pero también en debates tan vigentes como la prisión permanente revisable, que está «legalmente establecida, pero suscita diversas opiniones acerca de su legitimidad».
El presidente del TSJA advirtió a los alumnos de que «el desprecio a la legalidad es propio de regímenes totalitarios». No obstante, matizó la fiscal superior, «no existe un concepto invariable de legalidad». Las leyes son «conceptos vivos, cambiantes, que no sirven para todo tiempo y lugar». Eso sí, tal y como remarcó el letrado Menéndez: «cuando un juez se pronuncia, ya nadie más se puede pronunciar». Podrá haber un recurso, pero no puede haber opiniones y todo el barullo que se organiza cuando un juez toma una decisión es antijurídico. La justicia pasional puede muy fácilmente acabar convirtiéndose en lo contrario a justicia».
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