El Principado defiende la ordenación del descenso de canoas por el río Sella pero pide la implicación de CHC

El pasado agosto, en pleno debate por la supuesta masificación de canoas en el río Sella, el Principado lanzaba la propuesta crear una «mesa de trabajo» en la que estarían presentes ayuntamientos ribereños -Cangas de Onís, Parres y Ribadesella- y Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC). Casi once meses después y a las puertas de un nuevo verano, no está entre los planes del Principado su celebración, cuya responsabilidad atribuye ahora a la CHC. Así lo indicó el consejero de Medio Ambiente, Fernando Lastra, en una respuesta al grupo parlamentario de Izquierda Unida, emitida el pasado mayo. «No está previsto convocar a los ayuntamientos afectados, ni a los empresarios, ni a la Confederación Hidrográfica, dado que es la propia Confederación el organismo competente en esta cuestión», recoge el documento. Sin embargo, el consejero defendió ayer en la Junta su compromiso de hacer «más ordenado y sostenible» este modelo de turismo activo. Eso sí, la solución tratará de «no causar un problema donde no lo hay».

La regulación llegó de nuevo a la Junta de la mano del diputado de IU Ovidio Zapico, que afeó al Gobierno autonómico que «los debates no hayan servido para nada». «Estamos a las puertas del verano y hemos perdido un año para buscar una solución a este problema», le reprochó a Lastra. El consejero, por su parte, detalló que en los últimos meses sí se ha producido una novedad: la prohibición de navegar entre Arriondas y el Puente de San Román, en Llovio, durante diciembre y enero. «No es que sea la solución, pero es un paso en la ordenación del Sella», defendió. El veto fue adoptado tras escuchar por parte de los pescadores los problemas «que en determinados momentos la navegación puede producir, con inconvenientes serios para los salmones reproductores», abundó.

Más complicada resulta la regulación global del río, un asunto que «necesita conjugar variables como los derechos adquiridos, el empleo o cuestiones económicas», recordó el titular de Medio Ambiente. Sobre el quién debe ejecutar esa ordenación gira el continuo debate entre Principado y Confederación. El propio consejero insistió en que al Ejecutivo autonómico le corresponde la «competencia ambiental», mientras que la navegación depende de la CHC. En consecuencia, también la Confederación es la competente para establecer una regulación, sostienen desde el Principado.

En términos distintos se pronunció el todavía presidente del organismo autónomo, Ramón Álvarez Maqueda, hace apenas tres meses. El responsable de CHC entiende que la iniciativa reguladora debe partir del Principado. Una petición que «no ha llegado», señalaron esta primavera.

Con el nuevo Gobierno nacional, el cargo de Álvarez Maqueda es uno de los que previsiblemente cambiarán de manos en las próximas semanas, circunstancia que IU instó a aprovechar. «Se abre otro escenario, esperamos que haya un entendimiento rápido y se pueda, a la mayor brevedad, convocar esa mesa», dijo Zapico.

La «masificación» de canoas en el Sella apuntada por la propia formación política y su necesidad de regulación, también señalada por Otea (Asociación de Turismo y Hostelería de Asturias), suscitó el pasado verano la oposición frontal de las empresas de turismo activo de la comarca. Hasta la fecha, los permisos a los operadores se conceden a través de autorización por parte de la Confederación, siempre que cumplan una serie de requisitos mediante declaración responsable. En la práctica, el organismo autónomo «concede todas las que se solicitan», dijo Lastra.

Desde CHC han venido señalando en los últimos meses que una regulación de esta actividad en el río Sella supondría un cambio en el procedimiento de los permisos, pues pasaría a ser mediante concurrencia competitiva.