Las parroquias rurales ultiman un plan para cobrar 6 millones a las eléctricas

«Los hechos nos demuestran que nos están ahogando económicamente para que desaparezcamos». El diagnóstico hecho ayer por la Federación Asturiana de Parroquias Rurales y Entidades Locales Menores (Fapar) en su asamblea general, celebrada en la localidad piloñesa de Villamayor, trazó un escenario en el ... que su supervivencia se ve amenazada por los escasos recursos de los que disponen, una situación que achacaron a la regla de gasto impuesta desde el Gobierno central y a las «insuficientes» partidas que el Principado consigna en sus presupuestos. A la falta de financiación de las administraciones se suma la actual normativa de las entidades menores, que no contempla el cobro de tasas a las compañías privadas por el paso de tendidos eléctricos y gasoductos por sus montes. Contra esta traba legal emprendieron en julio su particular cruzada las 39 parroquias que integran Fapar. Tras elaborar un estudio de viabilidad, culminado hace un mes, los juristas que colaboran con la federación determinaron que «las parroquias tienen competencia y legitimación para imponer una tasa por la utilización privativa del dominio público». Con el informe favorable, la tarea de Fapar pasa ahora por aplicar el estudio a las características técnicas de cada uno de los 25 entes locales menores por los que pasan las instalaciones. «No todos son iguales, unos tienen tendidos eléctricos, otros conductos de gas o antenas de telefonía. Estamos en el proceso de ver cómo se arbitra y adjudicar a algún gabinete la tarea de elaborar una ordenanza de tasa para cada parroquia», explicó el abogado Ignacio Arias, colaborador voluntario en la federación. El Principado, recordó, no interviene en el procedimiento, a pesar de ser la opción reclamada por las entidades locales menores, ya que el Gobierno podría acometer los trámites «de forma gratuita».