Confederación dice que las obras contra las riadas de Parres serán «prioritarias»

El proyecto de protección de Arriondas frente a las riadas presenta un horizonte a menos de tres años vista. Ese es al menos el plazo que barajan desde la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), organismo encargado de la redacción del documento que contempla los trabajos necesarios en la capital parraguesa, anegada en 2010 por el desbordamiento de los ríos Sella, Piloña y Chico. El pasado mes de enero concluía el plazo dado por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para determinar la prioridad de la intervención, un plazo vencido sin que en el Ayuntamiento consten nuevos avances.

Sin embargo, al presidente de la Confederación, Ramón Álvarez Maqueda, no le «cabe ninguna duda de que el estudio coste-beneficio saldrá adelante como una actuación prioritaria». Así lo expresaba ayer en su visita a Cangas de Onís, en la que aprovechó para recordar los pasos que aún debe completar el proyecto anti riadas de Parres. El primero de ellos es la decisión del Ministerio acerca de la prioridad o no de la intervención. «La tiene que señalar mediante un estudio de coste-beneficio, que lo está haciendo», apuntó Álvarez Maqueda. Ese análisis, abundó, «se hará a lo largo de este año».

Si el resultado de ese trámite resultase favorable, entraría en juego la financiación de los trabajos, presupuestados en el proyecto encargado por la propia Confederación en 15,4 millones de euros. «Tiene que haber un acuerdo de financiación entre las tres administraciones, local, autonómica y nacional», recordó.

A pesar de que los plazos iniciales llegaron a situar el inicio de las obras en 2017, el presidente de CHC señaló ayer que la intervención en Arriondas se incluye «dentro del Plan Hidrológico 2015-2021» y su ejecución en ese tiempo «dependerá de la solución o viabilidad que se le dé en el estudio coste-beneficio y del acuerdo de las administraciones con la financiación».

Las inundaciones del Sella no es la única cuestión relativa al río que preocupa en la comarca. La posibilidad de regular la actividad de las canoas es uno de los puntos latentes, demandada por ciertas formaciones políticas como Izquierda Unidad y rechazada abiertamente por los empresarios del turismo de aventura. El presidente de la Confederación reiteró ayer la postura del organismo autónomo. «Si por parte del órgano ambiental se determinara que hay que hacer una limitación o un cupo, nosotros lo atenderíamos», indicó en alusión al Principado. Por el momento, indicó «no ha llegado ninguna petición de limitación».

Con la situación actual a «cualquier entidad o particular que pide una autorización para navegar en canoa se le otorga, siempre que cumpla una serie de condiciones mediante una declaración responsable». No obstante, Álvarez Maqueda recordó que los trámites cambiarían de existir regulación: «En vez de ser una autorización, tendría que ser mediante un procedimiento público de concurrencia competitiva».