La Oficina de Urbanismo de Llanes, bajo sospecha

La Audiencia Provincial ha decidido reabrir el caso para esclarecer quiénes fueron los responsables de la concesión de las licencias municipales que permitieron llevar a cabo las obras de ampliación del Hotel Kaype, paralizadas desde 2014 por la Justicia y sobre las que pesa una orden de derribo por parte del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), el mismo que anuló de forma definitiva estos dos permisos. En el último auto de la Audiencia Provincial se determina que debe declarar en calidad de investigada la exalcaldesa de Llanes, la socialista Dolores Álvarez Campillo, ya que entiende que es «cuanto menos chocante» que la juez de Llanes no le tomase declaración «por resultar evidente que no pudo estar al margen del proyecto urbanístico», proyecto en el que la Audiencia aprecia «sólidos indicios de criminalidad», que sin embargo dice que no fueron tenidos en cuenta por la Fiscalía.

Pero es que además de a Campillo se cita también, en condición de imputados, al exteniente de alcalde y exedil de Urbanismo, José Herrero, a la arquitecta municipal y al TAG de Urbanismo «ante una posible atribución de responsabilidad criminal en su comportamiento». Herrero ya ha manifestado varias veces que él firmó esas dos licencias pero que ambas estaban avaladas por informes técnicos y jurídicos municipales favorables.

Asimismo considera la Audiencia que no está justificado el sobreseimiento de la causa contra el secretario municipal y pide que se continúen las actuaciones contra este funcionario porque en su declaración ante el juzgado de Llanes el 3 de noviembre de 2014 reconoció que realizó una intervención auxiliar en la que remitió informes y que no se respetaron disposiciones legales. También remitió ante la juez testimonios incompletos y se «entrevistó y asesoró al promotor» de la obra de ampliación del Kaype.

Por otro lado sigue abierta la causa contra el exarquitecto municipal, a quien se acusa de un delito de prevaricación continuada. El juzgado de Llanes justificó seguir el proceso judicial sólo contra este técnico municipal al considerarle «el único responsable» de las actuaciones llevadas a cabo para obtener la concesión de las licencias ya que en su declaración ante la juez afirmó no haber recibido presión alguna para proceder de este modo. La togada consideró que no había más personas implicadas en aquellos hechos delictivos, algo que no comparte la Audiencia. «El hecho de que (el exarquitecto) hubiera asumido ser el único responsable de la actuación, en modo alguno ha de considerarse suficiente para excluir la participación de otras personas». «No parece que la actuación del exarquitecto municipal hubiese sido realizada en su exclusivo beneficio, al margen del particular del promotor a quien, sin duda, iba a favorecer lo arcodado», se indica en el auto de la Audiencia.

El Ministerio Público ya apreció en la primavera de 2014 indicios delictivos en la tramitación de expedientes para la concesión de las licencias que permitieron la ampliación del hotel. Sostenía entonces que estas actuaciones pudieron responder a «un plan preconcebido para tal finalidad, actuando con desviación de poder y sin respetar el procedimiento legal».