El exalcalde de Cudillero Francisco González y una de sus ediles, declarados culpables del delito de exacciones ilegales

El exalcalde de Cudillero Francisco González y la exconcejala de Comercio e Industria del Consistorio María Verena Prendes han sido declarados culpables por siete votos a favor y dos en contra por exacciones ilegales. El juicio, que comenzó el lunes 2 de junio en la Audiencia Provincial, celebró el pasado viernes su última sesión, en la que se escucharon los alegatos de los dos acusados.

Los hechos que se les imputaban se refieren a un delito continuado de exacciones ilegales relacionado con el cobro de ciertas cantidades a los responsables de los chiringuitos de la villa pixueta.

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita una condena de multa de 14.400 euros (24 meses a razón de 20 euros al día) y cuatro años de suspensión para empleo o cargo público para el exalcalde de Cudillero por un delito continuado.

El Ministerio Público acusó del mismo delito a la exconcejala de Comercio e Industria del Consistorio, para quien se solicita una pena de multa de 3.600 euros (quince meses a razón de 8 euros al día), así como la suspensión para empleo o cargo público por plazo de 4 años.

Las defensas tanto del exalcalde como de la concejala solicitan las penas mínimas posibles recogidas en el Código Penal para sus defendidos. El Tribunal fijará en los próximos días la condena para los dos acusados.

Los hechos

El Ministerio Público considera que el acusado, alcalde del Ayuntamiento de Cudillero en el momento de los hechos, entre los años 2003 a 2008, con objeto de la colocación en la zona del puerto viejo de Cudillero de cuatro "chiringuitos" que debían funcionar las noches-madrugadas de los viernes y sábados de los meses de julio, agosto y principios de septiembre, condicionó el informe favorable del Ayuntamiento.

Lo hizo el expediente de autorización de ocupación temporal del suelo del puerto ante el Servicio de Puertos del Principado de Asturias. También habría condicionado la concesión de la autorización verbal del propio Ayuntamiento para el desarrollo de esta actividad a que los instaladores de los establecimientos entregasen una cantidad económica en la Tesorería municipal del Ayuntamiento. Esto lo hizo aún siendo consciente de que no se estaban respetando las normas reguladoras tanto de las actividades económicas municipales como de los tributos locales, según el fiscal.

Esta cantidad, hasta el año 2007, era entregada posteriormente a los auxiliares de la Policía Local que los viernes y sábados desarrollaban labores propias de vigilancia en el municipio mientras los "chiringuitos" permanecían en funcionamiento. Entrega que era efectuada por el entonces jefe de la Policía Local, quien, tras recoger lo recaudado en la Tesorería, se lo hacía llegar a los auxiliares en metálico en función de las horas trabajadas y sin que se hiciese constar en su nómina, por lo que no se realizaba ninguna retención tributaria sobre esas cantidades. No ha quedado probado que se le diese a dicho dinero un uso diferente al mencionado.

Tras las elecciones municipales celebradas el 20 de mayo de 2007, accedió al cargo de concejala de Comercio e Industria del Ayuntamiento de Cudillero la otra acusada. Esta, conocedora del modo de actuar del Alcalde, participó directamente en el mismo durante los años 2007 y 2008, llegando a enviar a los propietarios de los "chiringuitos" del puerto, el 17 de agosto de 2007, un "recordatorio" para que "entre el lunes 20 y el viernes 25 de agosto, entre las 09.00 y las 15.00" horas realizasen el ingreso en Tesorería.

En el año 2008, si bien se llevaron a cabo todos los trámites descritos anteriormente, finalmente el dinero recaudado se entregó a los miembros de la Policía Local por nómina, dada la negativa del nuevo jefe de la Policía Local, a efectuar el pago fuera de las formas legalmente previstas.

Tras concluir la lectura de un veredicto cuyas deliberaciones se han prolongado más de ocho horas, y al que seguirá la redacción de la sentencia por la sala que ha celebrado la vista oral, González ha señalado a los periodistas que recurrirá la decisión del jurado ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

"Prefiero una derrota injusta a victoria inmerecida", ha señalado tras atribuir la decisión del jurado al hecho de haber sido político "durante muchos años" dado que, a su juicio, el delito por el que se le condena es una cuestión "de carácter administrativo".

Para el exalcalde y exdiputado socialista, que ha dicho sentirse "como la cúpula de ETA" tras la larga espera para escuchar el veredicto, los dos años de suspensión de cargo que pide la Fiscalía le dan "igual" dado que está fuera del ámbito político, pero se ha mostrado crítico con el hecho de que "tener que pagar lo que no cobré y lo que cobraron otros" dado que, de llevarse a efecto, al final será el quien "pague" la vigilancia de los chiringuitos.

González ha asegurado sentir la resolución del jurado "especialmente" por la exconcejala Verena Prendes que, a su juicio, se limitó a mandar un escrito en 2007 "para tratar de agilizar el asunto" y ha advertido: "Parece que siempre es culpable el que está en la vía política y el funcionario.....".

Por su parte, el sargento de la Policía Local Prudencio Iván Flores, ha señalado que, al igual que dijo cuando fue absuelto de la demanda planteada por el Ayuntamiento durante el mandato de González, él sólo es un agente policial que "impulsaría la labor de la justicia y colaboraría con ella".

"Me quedan bastantes guerras y las estoy sufriendo yo, pero, visto lo que ha pasado hoy, hay que confiar en la justicia", ha apuntado Flores cuyo abogado, Gonzalo Botas, ha considerado que la resolución del tribunal popular constata que "el ciudadano también sabe hacer justicia" y que al jurado le había quedado claro "quien dijo la verdad" durante el proceso.

El letrado ha admitido que el delito por el que se condena a González "no es una conducta excesivamente grave", pero ha advertido de que fue cometido "por un político que lleva mucho tiempo haciendo lo mismo, que aplicaba su ley por encima de la ley y que quiso someter a un funcionario digno y no pudo con él".