El juzgado desestima el recurso del PP contra el Plan de Normalización Lingüística

El juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Gijón ha desestimado el recurso presentado por el Partido Popular de Carreño contra el Plan de Normalización Lingüística aprobado por el Pleno en enero del pasado año con el voto a favor de PSOE, IU y Somos. El juez alega que se trata de «un acuerdo no normativo, que tiene un predominante carácter jurídico». Es decir, no genera ninguna obligación ni para los vecinos ni para los empleados. No sería igual con la nueva ordenanza de uso del asturiano y del bilingüismo que el Ayuntamiento tiene intención de sacar adelante. En ese caso, «sí será una norma jurídica, pero el Plan litigioso no lo es y, por tanto, no está sujeto al procedimiento de aprobación de las ordenanzas locales previsto en el artículo 49 de la Ley 7/85».

Una de las razones que apuntaban desde el PP para anular el Plan era que no disponía de memoria histórica. En ese sentido, desde el Ayuntamiento aquellas medidas que obligan a realizar algún gasto a cargo del presupuesto del servicio de normalización lingüística que se ofrece a través de la Mancomunidad del Cabo Peñas. El importe total de las actividades programadas para 2016, alcanza la cantidad de 10.000 euros. Se trata de una cifra inferior a la de hace dos años.

«En definitiva, la falta de memoria económica no incide en la validez del Plan litigioso, al carecer el mismo de fuerza vinculante tanto para la Administración como para los administrados. Se podrá, en su caso, discutir la legalidad de las partidas incluidas en el presupuesto en una eventual impugnación de éste, pero no al impugnarse el Plan de Normalización reseñado», apunta el juez.

Ante esta sentencia desde las filas del PP anuncian que su intención es recurrir «porque pensamos que estamos ante un asunto de importancia e interés general, respecto del que es bueno que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA)». Eso sí, destacan el lado positivo al detallarse que dicho Plan carece de valor jurídico. «Sin embargo, la sentencia nos parece decepcionante en el sentido de que no entra en el fondo del asunto, es decir, no analiza la legalidad de las medidas que contiene el Plan de Normalización», afirman.

En este sentido, el acto del juez tampoco entra a plantear si «es legal o no la valoración del asturiano en el ámbito del empleo público, en el de las subvenciones o la traducción de la documentación administrativa». «Asturias podría llegar a tener la oficialidad del bable por la puerta de atrás, lo que conduce a más intervencionista y gasto», lamentan en el PP.