Carreño irá a la vía judicial para desalojar la vivienda amenazada por los argayos

«Se adoptarán las medidas legales que procedan para garantizar la seguridad de las personas». Así lo advirtió ayer la alcaldesa de Carreño, Amelia Fernández, tras las reiteradas negativas de la propiedad de la vivienda del paseo marítimo de Candás para proceder a su desalojo. La orden se tramitó a principios del pasado mes de diciembre y el día 17 de este mes se reafirmó mediante una resolución de Alcaldía. Los requerimientos responden a los informes policiales en los que se certifica la ocupación de dicha vivienda por sus propietarios desde julio, pese a encontrarse precintada. Un acto del que el Ayuntamiento, según la alcaldesa, no tuvo constancia de que hubieran variado las condiciones de seguridad de sus moradores, por el cual se ordenó en 2013 su desalojo.

Desde el Consistorio han cursado también una autorización para el acceso de los técnicos a la casa, con el objetivo de efectuar un estudio técnico sobre el terreno para poder evaluar la presunta existencia de riesgo en el inmueble habitado. Un permiso que se consideró urgente y se fijó sin éxito para el pasado lunes. Desde el equipo de gobierno, insistieron, en que «considerando que la permanencia en el inmueble pone en peligro la seguridad de las personas que se alojan en la vivienda, se les ordena al desalojo inmediato con el fin de garantizar la seguridad de las personas». En este sentido, el equipo de gobierno advirtió de que «mientras permanezcan desalojados, el Ayuntamiento les facilitará temporalmente una vivienda» así como que «de no cumplir lo ordenado, el Ayuntamiento adoptará medidas forzosas para el desalojo y garantizar la seguridad de las personas».

En respuesta al PP, que denunció la falta de garantías en materia de seguridad en el paseo marítimo por apreciar la amenaza de nuevos argayos en una zona próxima a la vivienda, el equipo de gobierno insistió en que «para despejar cualquier duda al respecto, el Ayuntamiento contrató recientemente como complemento a los informes disponibles un nuevo estudio geológico para evaluar la situación actual de la zona accediendo a propiedades privadas».

Desde el gobierno municipal se volvió a recordar que los redactores del proyecto de estabilización de la ladera noreste del Monte Fuxa, que finalizó el pasado año por parte del Principado, se volvió a estudiar toda la geología dictaminando que, en el momento actual, la seguridad de tránsito de personas y bienes por el paseo estaba garantizada. Esta reciente obra permitió que fuera retirado todo el vallado instalado en el entorno de la vivienda hasta entonces desalojada.

Mientras tanto, para el portavoz del PP, José Ramón Fernández, pese a las obras realizadas «en el fondo, la situación sigue siendo la misma». Y prueba de ello, añadió, «es que el gobierno muy seguro no puede estar cuando vuelven a querer revisar el terreno anexo a la casa. La actuación en este asunto es un despropósito. No en vano, ese estudio geológico que pretenden hacer lo subordinan a que los ocupantes abandonen su vivienda». El concejal popular recordó que, «ya en 2013, ya se requirió a los propietarios para que arreglaran el problema de argayos porque quedaba comprometida la seguridad del paseo. Dicha resolución fue anulada en 2015 porque el juez entendió que ellos no eran responsables de realizar ese arreglo».