Carreño emplaza al Gobierno a reparar el acceso a la playa de Rebolleres

El Ayuntamiento de Carreño solicitará al Gobierno central la mejora de los accesos de la playa de Rebolleres antes del verano del próximo año. Unas obras que, según adelantó ayer durante el Pleno el portavoz popular José Ramón Fernández, podrían ascender a los 70.000 u 80.000 euros. Así se lo habrían hecho saber en una reunión mantenida con miembros de Delegación de Gobierno en Asturias. La moción presentada por su partido fue aprobada con los apoyos de PSOE y Somos Carreño. Izquierda Unida optó por abstenerse al considerar que antes debían elaborar un proyecto de común acuerdo entre todos los grupos políticos para decidir qué futuro quieren para el arenal. «Entendemos que queréis que demos carta blanca al Gobierno central para hacer con Rebolleres lo que quieran», lamentó Ángel García, portavoz del partido.

La propuesta del PSOE de añadir una enmienda para pedir, además, la ampliación de la playa de La Palmera no fue aceptada por la oposición, al considerar que se trataba de una iniciativa mucho más compleja y que crea gran discrepancia entre los vecinos del municipio.

La última sesión plenaria del año estuvo marcada por las discrepancias entre los grupos sobre el sueldo de la alcaldesa, Amelia Fernández, el cual está sujeto al Salario Mínimo Interprofesional, que en 2017 subió un 8% y en 2018 lo hará un 4%. El Partido Popular presentó una moción para pedir que la remuneración de la regidora aumentase como la del resto de trabajadores públicos, que el próximo año alcanzará el 1,75%. Una propuesta que no fue apoyada por el resto de grupos.

IU y Somos volvieron a defender la postura de hace unos meses, cuando los populares ya presentaron dicha moción. Ambas agrupaciones consideran que la subida no afecta al sueldo de la alcaldesa por lo que la animaron a renunciar a la misma.

«Somos e Izquierda Unida cierran los ojos a la realidad. La subida se va a llevar a cabo», lamentó el portavoz del PP. Por su parte, el PSOE defendió que «la alcaldesa no se sube el sueldo», ya que no tiene potestad para ello.

Sí salió adelante, con el apoyo de Somos, la moción de los populares para que los concejales no perciban «cantidades en concepto de asistencias por la reuniones de juntas, consejos de administración o cualesquiera órganos de gobierno o administración de sociedades mercantiles y resto de órganos y organismos externos».

Los vecinos de la parroquia de Tamón quisieron aprovechar al última sesión del año para volver a reivindicar su postura sobre la titularidad del camino de Llarmarceo, el cual defienden que es de titularidad pública. «¿Lo van a inventariar o nos seguirán dando largas?», preguntaron. Para ellos, debe ser el Ayuntamiento el que se haga cargo de la mejora, una postura que la Corporación no defiende. Ante esta situación, la alcaldesa aseguró que trasladarán las razones de los vecinos a los departamentos oportunos para que las valoren y estudien. Una vez que esto ocurra será tratado en la comisión de medio rural.

Por último, Amelia Fernández, aprovechó la ocasión ante preguntas de la oposición para anunciar que el área de psicomotricidad tendrá que esperar a los próximos presupuestos, pues la partida incluida en las cuentas de 2017 no es suficiente para las obras. «Se habían presupuestado en 30.000, pero va a ser necesario el doble», explicaron. Asimismo, la factoría musical que proyectan crear en el Centro de Iniciativa Rural de Carrió podría costar a las arcas municipales más de 150.000 euros. El proyecto se realizará en varias anualidades, ya que el Ayuntamiento no cuenta con la capacidad económica para hacerlo en un solo año.